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Card. Agustín García-Gasco Vicente, La Constitución, con la Escuela Católica
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La Constitución, con la Escuela Católica

La congruencia de la identidad de las escuelas y de la universidades católicas es al mismo tiempo un derecho y un deber. La fe católica ha contribuido a configurar en las personas y en los pueblos una manera de ser y una manera de educar. La Iglesia ha sido durante siglos la gran institución que ha impulsado la educación. Siglos antes de que los Estados crearan escuelas y promovieran universidades, la acción evangelizadora de la Iglesia ya había generado estas instituciones educativas, desde su preocupación por servir al desarrollo de la dignidad del ser humano, de su crecimiento personal y de su deseo de conocer la verdad.

En la actualidad, en una democracia social y participativa, como busca ser la nuestra, las escuelas católicas contribuyen de manera eficaz a la libertad y al pluralismo en el sistema educativo y universitario. La escuela y la universidad católica son instituciones que la Iglesia pone al servicio del hombre y de la sociedad, porque responden al derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral conforme a sus convicciones, en el marco de libertad de enseñanza. Así lo proclama la Constitución Española, en su artículo 27. Nadie puede vulnerar ni minimizar la Constitución, pues los Gobiernos de turno son los primeros que deben de defenderla y hacer extensivos sus principios.

La identidad católica de las escuelas y universidades de la Iglesia es un deber para quienes son responsables directas de ellas y un derecho para los padres y para todos los que acuden a ellas. El Estado debe garantizar la libre opción de los padres y de todos los ciudadanos y contar con sus convicciones.

Este derecho natural de los padres se encuentra refrendado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por distintas Declaraciones de Derecho internacional, como son la Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos de la Mujer, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta de los Derechos de la Familia o la Resolución del Parlamento Europeo sobre la Libertad de Enseñanza. Todos estos textos instan al Estado a cumplir y garantizar los derechos de las familias a la educación de los hijos según sus convicciones, y se facilite así la libertad de enseñanza.

La primacía de este derecho de los padres a la educación para el bien común de una sociedad, nos ha llevado a los Obispos españoles a reafirmar con el documento «La escuela católica. Oferta de la Iglesia en España para le educación del siglo XXI», que la escuela y la universidad católica están al servicio de la educación, no por privilegio o concesión del Estado, sino para ofrecer este tipo de formación católica a los que libremente quieran acceder a ella. Del mismo modo, la formación académica que se recibe a través de las clases de religión en la escuela estatal no es una concesión del Estado, sino una respuesta al derecho que asiste a los padres de recibir para sus hijos la formación conforme a sus propias convicciones religiosas y morales.

Estos principios están contenidos en la Constitución Española, que en su artículo 27.5 señala que «los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes».

Los que sostienen el absolutismo del Estado en la educación se sitúan fuera del contexto constitucional y en contra de los derechos fundamentales por él consignados. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa refuerza esta garantía constitucional, al incluir dentro de esta libertad el derecho de los padres a elegir dentro y fuera del ámbito escolar «la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

Por el contrario, el proyecto educativo de la escuela y de la universidad católica está plenamente reconocido por nuestra Constitución. Es demandado por un alto porcentaje de padres, que piden que sea lo que tiene que ser: un proyecto educativo que pretende desarrollar todas las capacidades del ser humano.

Muchos obispos constatamos que, en muchos lugares de España, existe una corriente de opinión que intenta extender el laicismo radical, con una oposición especial a la religión cristiana, y busca extender el relativismo y su pensamiento fragmentario de “populismo de ocasión” en las instituciones de la Iglesia, incluidos los centros de enseñanza. Por ello, frente a las opiniones de los laicistas radicales que ignoran los mandatos de la Constitución, hay que recordar que son ellos los que se oponen al espíritu de concordia de la propia Constitución Española.

Con mi bendición y afecto,

Mons. Agustín García-Gasco Vicente,
Arzobispo de Valencia

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