El presente documento, « Para una mejor distribución de la tierra. El reto de la reforma agraria », se propone solicitar, a todos los niveles, una fuerte toma de conciencia de los dramáticos problemas humanos, sociales y éticos, que desencadena el fenómeno de la concentración y de la apropiación indebida de la tierra.
Se trata de problemas que golpean en su dignidad a millones de seres humanos y privan de una perspectiva de paz a nuestro mundo.
De frente a situaciones marcadas por tanta e inaceptable injusticia, el Pontificio Consejo Justicia y Paz ha pensado ofrecer este documento para la reflexión y la orientación, haciéndose intérprete de una doble solicitud, aquélla proveniente de los pobres y aquélla proveniente de los pastores: pronunciar, con evangélica franqueza, una palabra sobre las situaciones escandalosas, presentes en casi todos los continentes, respecto a la propiedad y el uso de la tierra.
El Pontificio Consejo, sirviéndose del rico patrimonio de sabidurÃa acumulada en la doctrina social de la Iglesia, ha considerado suyo el improrrogable deber de llamar la atención de todos, especialmente de los responsables polÃticos y económicos, a emprender apropiadas reformas en el campo agrario para iniciar una estación de crecimiento y de desarrollo.
No se debe dejar trascurrir el tiempo en vano. El Grande Jubileo del 2000, proclamado por el Santo Padre Juan Pablo II para conmemorar el Unico Salvador Jesucristo, es una llamada alta y comprometedora a una conversión, también en el plano social y polÃtico, que restablezca el derecho de los pobres y de los excluidos a gozar de la tierra y de sus bienes que el Señor ha dado a todos y a cada uno de sus hijos e hijas.
1. El modelo de desarrollo de las sociedades industrializadas es capaz de producir enormes riquezas, pero pone en evidencia insuficiencias graves a la hora de redistribuir equitativamente los frutos y cuando se trata de fomentar el crecimiento de las áreas más atrasadas.
Ni siquiera las economÃas desarrolladas se libran de esta contradicción, sin embargo la gravedad de esta situación alcanza dimensiones dramáticas en las economÃas en vÃas de desarrollo.
Esto es patente en el fenómeno constante de la apropiación indebida y de la concentración de las tierras, es decir del bien que, puesto que la economÃa de los paÃses en vÃas de desarrollo están basadas en la agricultura, constituye junto con el trabajo, el factor de producción fundamental y la fuente principal de la riqueza nacional.
Este estado de cosas es frecuentemente una de las causas más importantes del hambre y la miseria y constituye una negación concreta del principio, que nace del origen común y de la fraternidad en Dios (cf. Ef 4, 6) que todos los seres humanos nacen con igualdad de derechos y dignidad.
2. En el umbral del Tercer Milenio de la era cristiana, el Papa Juan Pablo II invita a toda la Iglesia a « subrayar más decididamente la opción preferencial ... por los pobres y los marginados » y señala « en el compromiso por la justicia y la paz en un mundo como el nuestro, marcado por tantos conflictos y por intolerables desigualdades sociales y económicas, ... un aspecto sobresaliente de la preparación y de la celebración del Jubileo ».1
Bajo esta perspectiva y con el presente documento, el Pontificio Consejo Justicia y Paz pretende encarar el dramático problema de la apropiación indebida y de la concentración de las tierras en el latifundio,2 pidiendo una solución y señalando el espÃritu y los objetivos que tienen que marcar el paso.
El documento presenta de forma sintética:
– una descripción del proceso de concentración de la propiedad de las tierras donde no está distribuida de forma equitativa;
– los principios que deben inspirar las soluciones de este grave problema, según el mensaje bÃblico y eclesial;
– la solicitación de una reforma agraria eficaz como condición indispensable para llegar a un futuro de mayor justicia.
El documento pretende llamar la atención de quienes se preocupan por los problemas del mundo de la agricultura y del desarrollo económico en general, sobre todo la de los responsables, nacionales e internacionales, sobre los problemas vinculados con la propiedad de las tierras e incitarles a que actúen urgentemente. Sin embargo, no se trata de un documento con una propuesta polÃtica puesto que ésta no es de competencia de la Iglesia.
3. El Consejo Pontificio Justicia y Paz se convierte en portavoz de las solicitaciones procedentes de muchÃsimas Iglesias locales, que tienen que enfrentarse diariamente con los problemas tratados aquÃ.
Leyendo las numerosas intervenciones de los Obispos y de las Conferencias Episcopales sobre el tema de las tierras y de su distribución equitativa3se ve claramente la atención y la preocupación que tiene la Iglesia por estos temas puesto que intenta construir la sociedad bajo la señal evangélica de la justicia y de la paz.
Se hará constantemente referencia a estos documentos aunque no sean citados de forma explÃcita. Estos constituyen una contribución de gran valor y significado, relatan testimonios cristianos de sufrimiento, realizados en situaciones difÃciles y dolorosas.
Tenemos el propósito de confirmar el valor de estos testimonios y queremos alentar este compromiso para el futuro.
4. La estructura agrÃcola de los paÃses en vÃas de desarrollo se caracteriza a menudo por una distribución de tipo dual. Un pequeño número de latifundistas posee la mayorÃa de las tierras cultivables mientras que una multitud de pequeñÃsimos propietarios, de arrendatarios y de colonos cultivan el resto de las tierras que a menudo son de peor calidad. El latifundio es caracterÃstico hoy en dÃa del régimen de la tierra de casi todos estos paÃses.4
El proceso de concentración de la propiedad de la tierra tiene orÃgenes históricos diferentes, que varÃan de una región a otra. Hay que decir, por el gran interés que tiene para nuestra reflexión, que en las áreas que fueron sometidas a la dominación colonial, la concentración de las tierras en grandes fundos se ha difundido sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado, mediante la progresiva apropiación privada de la tierra, secundada por leyes que han introducido graves distorsiones en el mercado de las tierras.5
La apropiación privada de la tierra no ha conllevado solamente la creación y la consolidación de los latifundios sino también la pulverización de las pequeñas propiedades.
El pequeño cultivador6 podÃa, en el mejor de los casos, adquirir una pequeña superficie de tierra, para cultivarla con su familia. Cuando ésta aumentaba, él no estaba en condiciones de ampliar su propiedad, a no ser que estuviera dispuesto a trasladarse con su familia hacia tierras menos fértiles y más lejanas, que requerÃan más trabajo por cada unidad de producto.
Se sentaban, de esta forma, las bases de una ulterior fragmentación de la que ya era una pequeña superficie de tierra poseÃda y por lo tanto el empobrecimiento del cultivador y de su familia.
5. En los últimos decenios la situación no ha cambiado de forma sustancial, es más, en muchos casos ha ido empeorando progresivamente aunque la realidad demuestre el impacto negativo que tiene en el crecimiento económico y en el desarrollo social.7
En el origen de esta situación, está la interacción de una serie de fenómenos graves que, a pesar de las peculiaridades nacionales, poseen caracterÃsticas muy parecidas entre los diferentes paÃses.
Los caminos del desarrollo económico recorridos por los diferentes paÃses en vÃas de desarrollo en los últimos decenios han favorecido el proceso de concentración de la propiedad de la tierra. En general, este proceso parece ser la consecuencia de las medidas de polÃtica económica y de los vÃnculos estructurales inmutables a corto plazo y el causante de costes económicos, sociales y medio ambientales.
6. Para modernizar de forma rápida las economÃas nacionales, muchos paÃses en vÃas de desarrollo se han basado sobre todo en la convicción, a menudo no justificada, de que la industrialización rápida puede mejorar el bienestar económico general aunque tenga lugar a expensas de la agricultura.
Estos paÃses han tomado, por lo tanto, medidas de protección de las producciones industriales internas y de manipulación de los tipos de cambio de las monedas nacionales en desventaja de la agricultura; medidas de sostenimiento del poder adquisitivo de las poblaciones urbanas basadas en el control de los precios de los productos alimenticios; o bien otras medidas que, al alterar el mecanismo de distribución de los mercados, han conllevado un empeoramiento de las condiciones de cambio de la producción agrÃcola con respecto a la producción industrial.
La consiguiente caÃda de las rentas agrÃcolas ha afectado duramente a los pequeños productores hasta el punto que muchos de ellos han abandonado la agricultura. Todo esto ha favorecido el proceso de concentración de la propiedad de la tierra.
7. En los últimos decenios, en muchos paÃses en vÃas de desarrollo se han realizado reformas agrarias para asegurar una equitativa repartición de la propiedad y del uso de la tierra. Sólo en algunos casos estas reformas han alcanzado los objetivos establecidos. En la mayorÃa de estos paÃses sin embargo estas reformas no han dado los resultados prometidos.
El hecho de creer que la reforma agraria consiste fundamentalmente en un simple reparto y asignación de tierras ha sido una de las mayores equivocaciones.
Los fracasos se pueden atribuir en parte a una inadecuada evaluación de las necesidades del sector de la agricultura en transición, de una fase de subsistencia a una fase de integración con los mercados nacionales e internacionales, y en parte también a una falta de profesionalidad en la elaboración de los proyectos, en la organización y en la gestión de la reforma.8
En resumen, las medidas de la reforma agraria no han alcanzado sus objetivos: de reducir la concentración de la tierra en los latifundios, de crear empresas capaces de crecer de forma autónoma, de impedir la expulsión de los campesinos de las tierras y la consiguiente migración hacia los centros urbanos o hacia las tierras libres o marginales y sin infraestructuras sociales.
8. En muchos casos los gobiernos no se han preocupado suficientemente de proporcionar a las zonas interesadas por la reforma, las infraestructuras y los servicios sociales indispensables; de realizar una eficaz asistencia técnica; de asegurar un acceso justo al crédito con costes tolerables; de limitar las distorsiones que favorecÃan a los latifundios; de pedir a los beneficiarios de las tierras precios y formas de pago de éstas, compatibles con las necesidades de crecimiento de sus empresas y con las necesidades de sus familias. Los pequeños cultivadores, obligados a endeudarse, deben a menudo vender sus derechos y abandonar su actividad agrÃcola.
Una segunda causa importante del fracaso de las reformas agrarias nace de la falta de consideración por la historia y por las tradiciones culturales de los pueblos, que ha hecho que se favorezcan algunas estructuras agrÃcolas en contraste con las formas tradicionales de propiedad de la tierra.
Otras dos realidades han contribuido a desestabilizar de forma notable el proceso de reforma: una lamentable serie de formas de corrupción, de servilismo polÃtico y de colusión que han llevado a asignar amplias parcelas a los miembros de los grupos directivos, y la presencia de
empresas extranjeras, preocupadas por las consecuencias de la reforma agraria en sus actividades económicas.
9. En muchos paÃses en vÃas de desarrollo, también las modalidades con las que las polÃticas agrÃcolas se han encargado de la exportación de los productos agrÃcolas han favorecido el proceso de concentración de la propiedad de la tierra en manos de unos pocos.
Para algunos productos se han adoptado polÃticas de control de los precios que aventajan a las grandes empresas agro-industriales y a los cultivadores de productos de exportación, y desgraciadamente han penalizado a los pequeños cultivadores de productos tradicionales.9
Otras medidas han hecho que todas las infraestructuras y todos los servicios se hicieran en base a los intereses de los latifundistas. En otros casos, las polÃticas fiscales sobre la agricultura han incrementado los beneficios de ciertos grupos de propietarios (las personas fÃsicas o de las sociedades de capitales) y han consentido una amortización, en tiempos relativamente reducidos, de las inversiones, sin prever impuestos progresivos y consintiendo por otra parte una fácil evasión fiscal. Ha habido además polÃticas de concesión de crédito a la agricultura que han falseado las relaciones de precio entre el capital tierra y el trabajo.
De esta forma se ha facilitado un proceso de acumulación basado en la inversión en tierras. Se ha excluido de este proceso a los pequeños cultivadores que se encuentran a menudo al margen del mercado de la tierra.
La subida de los precios de la tierra y la disminución de la demanda de trabajo, debido a la mecanización de la agricultura, limitan el acceso de los pequeños agricultores, cuando no están asociados, a los créditos a largo plazo y por lo tanto a las tierras.
10. El objetivo de reducir la deuda internacional a través de las exportaciones puede llevar a una disminución del nivel de bienestar de los pequeños agricultores puesto que a menudo éstos no cultivan productos de exportación.
Las carencias del servicio público de capacitación agrÃcola no permiten a estos agricultores, que se dedican por motivos de necesidad a una agricultura de subsistencia con el empleo de métodos tradicionales, adquirir la preparación técnica necesaria para realizar correctamente el cultivo de los nuevos productos. Las dificultades a las que se enfrentan los pequeños agricultores, escasamente integrados con el mercado, en el acceso a los créditos reducen sus posibilidades de adquirir los factores de producción que las nuevas tecnologÃas requieren. El escaso conocimiento del mercado no les permite estar informados sobre la evolución de los precios de los productos y les impide alcanzar el nivel de calidad que las exportaciones requieren.
En las pequeñas propiedades, el cultivo de los productos de exportación, fomentado por el mercado, tiene lugar a expensas de las producciones destinadas en su mayorÃa al autoconsumo y, por lo tanto, expone a las familias de agricultores a graves riesgos. Si la temporada es mala o si las condiciones del mercado no son buenas, la familia del pequeño agricultor puede entrar en la espiral del hambre y acumular deudas que la obligarán a perder la propiedad de sus tierras.
11. En estos últimos decenios ha tenido lugar una intensa y continua expansión de las diferentes actividades económicas basadas en la utilización de los recursos naturales de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indÃgenas.
En la mayorÃa de los casos, la expansión de las grandes empresas agrÃcolas, la construcción de grandes instalaciones hidroeléctricas, la explotación de los recursos mineros, petrolÃferos y madereros de los bosques en las áreas de expansión de la frontera agrÃcola han sido decididas, planificadas y realizadas sin considerar los derechos de los habitantes indÃgenas.10
Todo esto tiene lugar de forma legal, pero el derecho de propiedad promulgado por la ley se encuentra en conflicto con el derecho de uso del suelo originado por una ocupación y por una pertenencia cuyos orÃgenes se remontan a tiempos muy lejanos.
Los pueblos indÃgenas, que en su cultura y en su espiritualidad consideran la tierra como el valor fundamental y el factor que los une y que alimenta su identidad, perdieron el derecho legal de propiedad de las tierras donde viven desde hace siglos en el momento en que se crearon los primeros latifundios. Se les puede por lo tanto privar de estas tierras si los tenedores antiguos o nuevos del tÃtulo legal de propiedad quieren tomar concretamente posesión de éstas aunque durante varios decenios no les hayan interesado para nada.
También puede ocurrir que los indÃgenas corran el riesgo, absurdo pero concreto, de que se les considere como invasores de sus propias tierras.
La única alternativa al hecho de que se les expulse de sus tierras es el trabajo para las grandes empresas o la emigración. A estos pueblos, de cualquier forma, se les despoja de sus tierras y de su cultura.
12. La historia reciente de muchas áreas rurales está frecuentemente marcada por conflictos, por injusticias sociales y por varias formas de violencia no controlada.
La élite terrateniente y las grandes empresas de explotación de los recursos mineros y madereros no han tenido reparos en muchas ocasiones en instaurar un clima de terror para calmar las protestas de los trabajadores, obligados a soportar ritmos de trabajo inhumanos y retribuidos con salarios que a menudo no cubren los gastos de viaje, las comidas y el alojamiento. Se ha instaurado este clima también para ganar los conflictos con los pequeños agricultores que llevan mucho tiempo cultivando tierras de propiedad del Estado o bien otras tierras o para apoderarse de las tierras ocupadas por los pueblos indÃgenas.
En estas luchas se utilizan métodos intimidatorios, se efectúan detenciones ilegales y, en algunos casos extremos, se reclutan grupos armados para destruir los bienes y las cosechas, para quitar poder a los lÃderes de las comunidades, para deshacerse de algunas personas, incluidos los que defienden a los más débiles, entre los cuales también hay que recordar a muchos responsables de la Iglesia.
A menudo los representantes de los poderes públicos son cómplices de estas violencias. La impunidad de los ejecutores y de los mandantes de los crÃmenes está garantizada por las deficiencias del sistema jurÃdico y por la indiferencia de muchos Estados por los instrumentos jurÃdicos internacionales de defensa de los derechos humanos.
13. Los paÃses en vÃas de desarrollo pueden contrarrestar eficazmente el proceso actual de concentración de la propiedad de la tierra si hacen frente a algunas situaciones que se presentan como auténticos nudos estructurales. Estas son: las carencias y los retrasos a nivel legislativo sobre el tema del reconocimiento del tÃtulo de propiedad de la tierra y sobre el mercado del crédito; la falta de interés por la investigación y por la capacitación agrÃcola; la negligencia por los servicios sociales y por la creación de infraestructuras en las áreas rurales.
14. El conjunto de normas y los frágiles asentamientos administrativos, como los catastros, de muchos paÃses a menudo agravan las dificultades a las que se enfrentan los pequeños agricultores a la hora de obtener el reconocimiento legal del derecho de propiedad de la tierra que cultivan desde hace tiempo y de la que son propietarios de hecho. Ocurre con frecuencia que se les quite las tierras a los agricultores porque éstas caen, por ley, en manos de quienes al tener más medios económicos y más información pueden conseguir el reconocimiento del derecho de propiedad.
El pequeño cultivador de cualquier forma sale perdiendo: la incertidumbre sobre el tÃtulo de propiedad de la tierra representa en efecto un elemento que no anima a invertir, hace aumentar los riesgos para el agricultor en el supuesto de que éste incremente las dimensiones de su finca y disminuye las posibilidades de acceso al crédito utilizando la tierra como garantÃa. Además esta incertidumbre representa un incentivo a explotar en exceso los recursos naturales del fundo sin considerar las consecuencias vinculadas a la sostenibilidad medio ambiental y sin preocuparse por las futuras generaciones.
15. Las normas tradicionales sobre los créditos contribuyen a producir los efectos arriba mencionados. El pequeño agricultor se enfrenta a muchas dificultades para acceder a los créditos necesarios para mejorar las tecnologÃas de producción, para incrementar sus propiedades, para hacer frente a las adversidades, a causa del papel que tiene la tierra, considerada como un instrumento de garantÃa y a causa de los costes elevados que las financiaciones de importes limitados conllevan a los bancos de crédito.11
En las zonas rurales el mercado legal del crédito a menudo no existe. El pequeño agricultor se ve obligado a recurrir a la usura para conseguir los préstamos que necesita, exponiéndose a riesgos que le pueden llevar a la pérdida parcial o incluso total de sus tierras. En efecto, el usurero tiene generalmente el objetivo de especular con las tierras. Se rastrean asà las pequeñas propiedades, aumentando el número de personas sin tierra y, al mismo tiempo se incrementa el patrimonio de los latifundistas, de los agricultores más ricos o de los comerciantes locales.
En los paÃses pobres, en resumen, el acceso al crédito a largo plazo tiende a ser proporcional a la propiedad de los medios de producción y sobre todo de la tierra y por lo tanto se convierte en una prerrogativa de los grandes latifundistas.
16. Existen muchas carencias también a nivel de investigación y de capacitación agrÃcola,12 es decir en las actividades de investigación o desarrollo de nuevas tecnologÃas apropiadas a las diferentes realidades y en la información de los agricultores sobre estas nuevas técnicas y sobre sus modalidades de uso con el fin de obtener el máximo beneficio.
A menudo, en los paÃses en vÃas de desarrollo, el esfuerzo económico empleado para crear estructuras de investigación agrÃcola es bastante limitado y la preparación de aquellos que son responsables de la formación no resulta conveniente.
Se crean pues los supuestos que hacen posibles dos fenómenos estrechamente vinculados entre sà y que tienen muchas repercusiones económicas y sociales:
– la difusión de tecnologÃas que son el fruto de las investigaciones de privados que, por motivos de mercado, se dirigen a las empresas de grandes dimensiones;
– la falta de atención por la compatibilidad de las nuevas tecnologÃas con las caracterÃsticas de la agricultura de las diferentes áreas e incompatibles sobre todo con las condiciones socioeconómicas de estas zonas. En estos casos se corre el riesgo de que los efectos de las difusión de las nuevas tecnologÃas sean negativos para el bienestar de los pequeños agricultores y para la supervivencia de sus empresas.
17. La falta de interés por las infraestructuras y por los servicios sociales indispensables en las zonas rurales tiene un papel importante.
El sistema escolar de estas áreas, por sus carencias cuantitativas y cualitativas, no proporciona a los jóvenes los medios necesarios para que desarrollen sus potencialidades personales y para que adquieran la conciencia de su dignidad de seres humanos y el conocimiento de sus derechos y deberes.
De la misma forma, las carencias de los transportes, además de dificultar el acceso a los demás servicios sociales, hacen que se reduzca la rentabilidad de la actividad agrÃcola. La falta de carreteras o sus malas condiciones por falta de mantenimiento y la escasez de medios de transporte públicos aumentan los costes de producción y reducen por lo tanto las posibilidades de mejorar las técnicas de producción.
La consecuencia más grave de la falta de infraestructuras es la dependencia de los pequeños agricultores de los mercados locales para comercializar sus productos. En los mercados locales hay pocas informaciones útiles lo cual hace que sea difÃcil que los productos alcancen los niveles de calidad requeridos por la demanda. En estos mercados hay personas que tienen el monopolio de las transacciones, de forma que los agricultores se ven obligados a aceptar los precios impuestos o bien se arriesgan a no vender sus productos.
18. La falta de equidad en la repartición de la propiedad de la tierra y las polÃticas que causan estos desequilibrios obstaculizan el desarrollo económico.
Estos desequilibrios y estas polÃticas pueden generar consecuencias económicas que recaen sobre la mayorÃa de la población. Podemos señalar al menos cinco:
a) Las distorsiones en el mercado de la tierra. Las polÃticas de intervención sobre el mercado favorecen a menudo a los grandes latifundios, sea de forma implÃcita o explÃcita, puesto que tienen subvenciones indirectas y ventajas fiscales y de crédito. Estos privilegios conllevan nuevas inversiones en el valor de la tierra incrementando asà el precio de ésta. Los pequeños agricultores ven de esta forma cómo se reducen sus posibilidades de adquirir tierras y por lo tanto también la posibilidad de alcanzar, con las operaciones normales de compraventa, la equidad del mercado de la tierra.
b) La reducción de toda la producción agrÃcola del paÃs. En los paÃses con una economÃa agrÃcola poco desarrollada existe generalmente una relación inversa entre las dimensiones de la empresa agrÃcola y la productividad. La producción por unidad de superficie de los pequeños agricultores es superior a la de los latifundistas. En cambio, la producción obtenida por los latifundistas, quienes poseen la mayor parte de las tierras, es inferior, con la consecuente reducción de la producción agrÃcola general del PaÃs.
c) Los salarios agrÃcolas mantenidos a niveles bajos. Tal mantenimiento se debe al incremento de la oferta y de la simultánea disminución de la demanda de trabajo en el sector de la agricultura y debido a la falta de condiciones para que los agricultores puedan negociar su trabajo, a nivel colectivo e individual.
d) La poca rentabilidad de las pequeñas empresas. Cuando la rentabilidad de las pequeñas empresas se reduce, impide que se hagan las inversiones necesarias para que se desarrollen. Se trata por lo tanto de un proceso en espiral y sin salida.
e) La malversación de los ahorros acumulados en el sector de la agricultura. Estos ahorros no se utilizan de forma provechosa para invertir en infraestructuras y tecnologÃas útiles para la agricultura y se malversan en otros sectores de la economÃa o bien se emplean en el consumo.
19. Las consecuencias sociales son elevadas y graves. El mundo de la agricultura ha entrado en un proceso que incrementa y difunde la pobreza.13 Ahà donde la pobreza es predominante y no existe ningún sistema de seguridad social y ninguna certidumbre sobre la vejez, los hijos representan para los padres una garantÃa para el futuro. Las tasas de crecimiento de la población son por lo tanto muy altas mientras que los problemas de la enseñanza y de la salud siguen sin resolverse.
El equilibrio tradicional de la repartición de la población en el espacio ha sido quebrantado, en las comunidades rurales, por los procesos de desestructuración que son el origen de las migraciones hacia las periferias de las grandes ciudades que se parecen cada vez más a megalópolis y donde se recrudecen los problemas sociales, la violencia y la criminalidad.
Los pueblos indÃgenas, presionados para que se alejen de sus tierras, asisten a la disolución de sus instituciones económicas, sociales, polÃticas y culturales, y ven cómo se destruye el equilibrio medio ambiental de sus territorios.
20. En muchos paÃses, ricos en recursos naturales y en terrenos cultivables, el hambre y la malnutrición representan los problemas principales.14 El hambre es hoy en dÃa un fenómeno creciente que no depende solamente de las carestÃas sino también de las medidas polÃticas que no mejoran el acceso de las familias a los recursos. El hecho de defender a unos pocos hace que se obstaculice o se impida, de hecho o legalmente, el desarrollo de la agricultura. El hecho de destinar las tierras al cultivo de productos de exportación, reduce los costes de los productos alimenticios de los paÃses desarrollados pero tiene efectos muy negativos en la mayorÃa de las familias que viven de la agricultura. Esta paradoja es intolerable para cualquier inteligencia y conciencia.
La acumulación de los problemas económicos y sociales incrementa la complejidad de los problemas polÃticos, provocando una inestabilidad y unos conflictos que retrasan el desarrollo de la democracia. Todo esto va en contra de la agricultura y es un obstáculo muy grave para cualquier programa de desarrollo económico.
21. Las desigualdades en la distribución de la propiedad de las tierras desencadenan un proceso de degradación del medio ambiente difÃcilmente reversible,15 a lo que se añade el deterioro del suelo, la disminución de su fertilidad, el riesgo de inundaciones, la disminución de la capa freática, el aterramiento de los rÃos y de los lagos y otros problemas ecológicos.
A menudo se fomenta, con facilidades fiscales y de crédito, la deforestación de amplios territorios para dejar sitio a la crÃa extensiva del ganado, a las actividades mineras o el manufacturado de las maderas, pero sin prever planes de rehabilitación del medio ambiente y si están previstos no se aplican.
La pobreza también está vinculada al deterioro medio ambiental en un cÃrculo vicioso cuando los pequeños agricultores, expropiados del latifundio, y los pobres sin tierra, en busca de nuevas tierras, se ven obligados a ocupar las tierras estructuralmente frágiles, como por ejemplo los terrenos pendientes y a erosionar el patrimonio forestal para poder cultivar.
22. La primera página de la Biblia relata la creación del mundo y de la persona humana: « Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya: a imagen de Dios le creó; macho y hembra los creó » (Gn 1, 27). Palabras solemnes expresan la tarea que Dios les confÃa: « Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra » (Gn 1, 28).
La primera tarea que Dios les encomienda —es evidente que se trata de una tarea fundamental— se refiere a la actitud que deben tener con la tierra y con todos los seres vivientes. « Henchir » y « dominar » son dos verbos que se pueden malentender con facilidad e incluso pueden parecer una justificación de ese dominio despótico y desenfrenado que no se preocupa por la tierra y por sus frutos y hace estragos con ella a su propio favor. En realidad « henchir » y « dominar » son verbos que, en el lenguaje bÃblico, sirven para describir la dominación del rey sabio que se preocupa por el bienestar de todos sus súbditos.
El hombre y la mujer tienen que cuidar la creación, para que ésta les sirva y para que esté a disposición de todos y no sólo de algunos.
23. La naturaleza profunda de la creación es la de ser un don de Dios, un don para todos, y Dios quiere que se quede asÃ. Por eso la primera orden que Dios da es la de conservar la tierra respetando su naturaleza de don y bendición, y de no transformarla en instrumento de poder o motivo de conflictos.
El derecho-deber de la persona humana de dominar la tierra nace del hecho de ser imagen de Dios: corresponde a todos y no sólo a algunos la responsabilidad de la creación. En Egipto y en Babilonia este privilegio era sólo de algunos. En la Biblia, en cambio, el dominio pertenece a la persona humana por ser tal y, por lo tanto a todos. Es más, es la humanidad conjuntamente la que se debe sentir responsable de la creación.
Dios deja al hombre en el jardÃn para que lo labre y lo cuide (cf. Gn 2, 15) y para que se alimente de sus frutos. En Egipto y en Babilonia el trabajo es una dura necesidad impuesta a los hombres en beneficio de los dioses: en realidad, en beneficio del rey, de los funcionarios, de los sacerdotes y de los terratenientes. En la narración bÃblica, en cambio, el trabajo es algo para la realización de la persona humana.
24. El israelita tiene el derecho de propiedad de la tierra, que la ley protege de muchas formas. El Decálogo prescribe: « no codiciarás la casa de tu prójimo, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno: nada que sea de tu prójimo » (Dt 5, 21).
Se puede decir que el israelita se siente verdaderamente libre y plenamente israelita sólo cuando posee su parcela de tierra. Pero la tierra es de Dios, insiste el Antiguo Testamento, y Dios la ha dado en herencia a todos los hijos de Israel. Se debe por lo tanto repartir entre todas las tribus, clanes y familias. Y el hombre no es el verdadero dueño de su tierra sino que es más bien un administrador. El dueño es Dios. Se lee en el LevÃtico: « La tierra no puede venderse para siempre, porque la tierra es mÃa, ya que vosotros sois para mà como forasteros y huéspedes » (25, 23).
En Egipto la tierra pertenecÃa al faraón y los campesinos eran sus esclavos y de su propiedad. En Babilonia habÃa una estructura feudal: el rey entregaba las tierras a cambio de servicios y de fidelidad. No hay nada parecido en Israel. La tierra es de Dios que la ofrece a todos sus hijos.
25. De ahà derivan varias consecuencias. Por un lado, nadie tiene el derecho de quitar la tierra a la persona que la cultiva, en caso contrario se viola un derecho divino; ni siquiera el rey puede hacerlo.16 Por otro lado, se prohibe toda forma de posesión absoluta y arbitraria a propio favor: no se puede hacer lo que se quiere con los bienes que Dios ha dado para todos.
Sobre esta base la legislación ha ido añadiendo, impulsada siempre por situaciones concretas, muchas restricciones al derecho de propiedad. Algunos ejemplos: la prohibición de recoger los frutos de un árbol durante los cuatro primeros años (cf. Lv 19, 23-25), la invitación a no cosechar la miés hasta el borde del campo y la prohibición de recoger los frutos y las espigas olvidados o caÃdos, porque pertenecen a los pobres (cf. Lv 19, 9-10; 23, 22; Dt 24, 19-22).
A la luz de esta visión de la propiedad se entiende la severidad del juicio moral expresado por la Biblia sobre los abusos de los ricos, que obligan a los pobres y a los campesinos a ceder sus fundos familiares. Los Profetas son los que más condenan estos abusos. « ¡Ay, los que juntáis casa con casa, y campo con campo anexionáis! » grita IsaÃas (5, 8). Y su contemporáneo Miqueas añade: « Codician campos y los roban, casas, y las usurpan; hacen violencia al hombre y a su casa, al individuo y a su heredad » (2, 2).
26. El esfuerzo de vincular de forma estable y perpetua la propiedad de la tierra a su dueño y, al mismo tiempo, el esfuerzo de repartir equitativamente las tierras entre todas las familias de Israel, están a la base de una de las instituciones sociales más singulares de ese pueblo: el Jubileo (cf. Lv 25).17 Este instituto traduce directamente a nivel social y económico el señorÃo de Dios y pretende afirmar, o defender tres libertades.
La primera libertad atañe a los campos y a las casas que, en el año jubilar, deben ser devueltas a los antiguos propietarios. Se pueden vender los campos y las tierras pero la venta no es más que un traspaso de derechos de utilización que mantiene el derecho del propietario (o de un pariente) a recobrar en cualquier momento su fundo. De todos modos cada cincuenta años las propiedades volverán a las familias propietarias originarias.
La segunda libertad se refiere a las personas que, en el año Jubilar deben regresar libres a sus familias y a sus propiedades.
La tercera libertad se refiere a la tierra que, en el año del Jubileo y en el año sabático, se tendrá que dejar descansar.
La motivación de estas tres libertades es muy interesante: « Pues yo soy Yahvéh vuestro Dios » (Lv 25, 17); « La tierra es mÃa, ya que vosotros sois para mà como forasteros y huéspedes » (Lv 25, 23). La motivación básica es por lo tanto el señorÃo de Dios, un señorÃo que se manifiesta en el don a los hombres: « Yo soy Yahvéh, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán y ser vuestro Dios » (Lv 25, 38).
27. Siguiendo la perspectiva marcada por las Sagradas Escrituras, la Iglesia ha elaborado en el transcurso de los siglos su doctrina social. Documentos fidedignos y significativos ilustran sus principios fundamentales, asà como los criterios útiles para juzgar y discernir, y las indicaciones y orientaciones para realizar las elecciones oportunas.
En la doctrina social se juzga el proceso de concentración de la tierra como un escándalo porque está en neta oposición con la voluntad y el designio salvÃfico de Dios, porque niega a una gran parte de la humanidad los beneficios de los frutos de la tierra.
Las perversas desigualdades de la distribución de los bienes comunes y de las posibilidades de desarrollo de toda persona y los desequilibrios deshumanizados de las relaciones personales y colectivas, causados por este tipo de concentración, provocan conflictos que dañan las bases de la convivencia civil y provocan la destrucción del tejido social y el deterioro del medio ambiente.
28. Las consecuencias del desorden actual confirman la necesidad, para toda la sociedad humana, de que se recuerden continuamente los principios de la justicia, y sobre todo el principio del destino universal de los bienes.
La doctrina social de la Iglesia, en efecto, funda la ética de las relaciones de propiedad del hombre con respecto a los bienes de la tierra bajo la perspectiva bÃblica que señala la tierra como un don de Dios para todos los seres humanos. « Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene al uso de todos los pueblos, de modo que los bienes creados, en una forma equitativa, deben alcanzar a todos bajo la guÃa de la justicia y el acompañamiento de la caridad. Pues ... jamás se debe perder de vista este destino común de los bienes ».18
El derecho al uso de los bienes terrenales es un derecho natural, primario, de valor universal, puesto que es de todo ser humano: ningún otro derecho de tipo económico puede violarlo,19 deberá pues ser tutelado y aplicado mediante leyes e instituciones.
29. Al afirmar la necesidad de garantizar a todos los hombres, siempre y en cualquier circunstancia, el disfrute de los bienes de la tierra, la doctrina social apoya también el derecho natural de propiedad de estos bienes.20
El hombre, todo hombre, fructifica, de forma efectiva y eficaz, los bienes de la tierra que han sido puestos a su servicio y, por tanto, se realiza asà mismo, si está en condiciones de poder usar libremente estos bienes, habiendo adquirido la propiedad de éstos.21
Esta es una condición y una garantÃa de libertad; es el presupuesto y la garantÃa de la dignidad de la persona. « La propiedad privada, o un cierto dominio sobre los bienes externos, asegura a cada uno una zona indispensable de autonomÃa personal, y debe ser considerada como una prolongación de la libertad humana. Y como constituyen un estÃmulo para el ejercicio del cargo y del deber, constituyen una de las condiciones de las libertades civiles ».22
Si no se reconoce a los particulares el derecho de propiedad privada, incluida la de los bienes de producción, la historia y la experiencia nos demuestra que se llega a la concentración del poder, a la burocratización de los diferentes ámbitos de la sociedad, a la insatisfacción social y a ahogar y suprimir « el ejercicio de la libertad humana en las cosas más fundamentales ».23
30. El derecho de propiedad privada, según el Magisterio de la Iglesia no es sin embargo incondicional, al contrario, está caracterizado por restricciones muy precisas.
La propiedad privada, en efecto, en el contexto concreto de sus instituciones y de sus normas jurÃdicas es ante todo un instrumento de actuación del principio del destino común de los bienes, es por lo tanto un medio y no un fin.24
El derecho de propiedad privada, que es positivo y necesario, debe estar circunscrito en los lÃmites de una función social de la propiedad. Todo propietario debe por lo tanto ser siempre consciente de la hipoteca social que grava sobre la propiedad privada: « Por tanto, el hombre al usarlos no debe tener las cosas exteriores, que legÃtimamente posee, como exclusivas suyas, sino también considerarlas como cosas comunes, en el sentido de que deben no sólo aprovecharle a él, sino también a los demás ».25
31. La función social directa y naturalmente inherente a las cosas y a su destino, permite que la Iglesia afirme en su enseñanza social: « Quien se encuentra en extrema necesidad tiene derecho a procurarse lo necesario tomándolo de las riquezas de otros ».26 El lÃmite al derecho de propiedad privada lo establece el derecho de todo hombre al uso de los bienes necesarios para vivir.
Esta doctrina, establecida por Santo Tomás de Aquino,27 ayuda a evaluar algunas situaciones difÃciles de mucha importancia ético-social, como la expulsión de los campesinos de las tierras que han cultivado, sin que se les asegure el derecho de recibir la parte de bienes necesarios para vivir, y los casos de ocupación de las tierras baldÃas por parte de los campesinos que no son propietarios y que viven en condiciones de extrema indigencia.
32. La doctrina social de la Iglesia, basándose en el principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes, analiza las modalidades de aplicación del derecho de propiedad de la tierra como espacio cultivable y condena el latifundio como intrÃnsecamente ilegÃtimo.
Las grandes posesiones rurales están mediocremente cultivadas o reservadas baldÃas para especular sobre ellas, mientras que se deberÃa incrementar la producción agrÃcola para responder a la creciente demanda de alimentos de la mayorÃa de la población, sin tierras o con parcelas demasiado pequeñas.
Para la doctrina social de la Iglesia, el latifundio está en neto contraste con el principio de que « la tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los ricos », de modo que « no hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario ».28
El latifundio, de hecho, niega a una multitud de personas el derecho de participar con el propio trabajo al proceso de producción y de responder a sus necesidades y a las de sus familias al igual que a las de su comunidad y nación de la que forman parte.29
Los privilegios asegurados por el latifundio provocan contrastes escandalosos y conllevan situaciones de dependencia y de opresión tanto a nivel nacional como internacional.
33. La enseñanza social de la Iglesia denuncia también las injusticias intolerables provocadas por las formas de apropiación indebida de la tierra por parte de propietarios o empresas nacionales e internacionales, en algunos casos apoyadas por instituciones del Estado, que, pisotean todo derecho adquirido y, a menudo, incluso los tÃtulos legales mismos de posesión del suelo, despojando a los pequeños agricultores y a los pueblos indÃgenas de sus tierras.
Se trata de formas de apropiación muy graves, porque, además de incrementar las desigualdades en la distribución de los bienes de la tierra, por lo general, conllevan una distribución de una parte de estos bienes, empobreciendo asà a toda la humanidad. Estas crean formas de explotación de la tierra que quebrantan los equilibrios construidos durante siglos entre el hombre y el medio ambiente y causan un gran deterioro medio ambiental.
Esto debe aparecer como la señal de la desobediencia del hombre al mandamiento de Dios de actuar como guardián y como sabio administrador de la creación (cf. Gn 2, 15; Sb 9, 2-3). Las consecuencias de esta desobediencia pecaminosa son gravÃsimas. Esta, en efecto, causa una grave y vil forma de falta de solidaridad entre los hombres porque afecta a los más pobres y a las generaciones futuras.30
34. A la condena del latifundio y de la apropiación indebida, contrarios al principio del destino universal de los bienes, la doctrina social añade la condena de las formas de explotación del trabajo, sobre todo cuando éste es remunerado con salarios o bien con otras modalidades indignas del hombre.
Con la remuneración injusta por el trabajo concluÃdo y con otras formas de explotación se niega a los trabajadores la posibilidad de recorrer « la vÃa concreta a través de la cual la gran mayorÃa de los hombres puede acceder a los bienes que están destinados al uso común; tanto los bienes de la naturaleza como los que son fruto de la producción ».31
35. A menudo ocurre que las polÃticas que pretenden promover una utilización correcta del derecho de propiedad privada de la tierra no consiguen impedir que ésta se siga poniendo en práctica, en amplias áreas del mundo, como un derecho absoluto, sin ninguna limitación proveniente de las correspondientes obligaciones sociales.
Sobre este tema la doctrina social de la Iglesia es muy explÃcita e indica que la reforma agraria es una de las reformas más urgentes y que se debe emprender sin demora: « En muchas situaciones son necesarios cambios radicales y urgentes para volver a dar a la agricultura —y a los campesinos— el justo valor como base de una sana economÃa, en el conjunto del desarrollo de la comunidad social ».32
Particularmente drámatico, a propósito de este tema, es el llamamiento que hizo Juan Pablo II en Oaxaca, en México, a los hombres de gobierno y a los latifundistas: « Por parte vuestra, responsables de los pueblos, clases poderosas que tenéis a veces improductivas las tierras que esconden el pan que a tantas familias falta: la conciencia humana, la conciencia de los pueblos, el grito del desvalido, y sobre todo la voz de Dios, la voz de la Iglesia os repiten conmigo: no es justo, no es humano, no es cristiano continuar con ciertas situaciones claramente injustas. Hay que poner en práctica medidas reales, eficaces, a nivel local, nacional e internacional, en la amplia lÃnea marcada por la EncÃclica Mater et magistra (parte tercera). Y es claro que quien más debe colaborar en ello, es quien más puede ».33
36. La doctrina social afirma varias veces que se debe garantizar la mayor valoración posible de las potencialidades productivas de la agricultura ahà donde un porcentaje importante de la población se dedica a cultivar la tierra y depende de esa cultivación. En el caso de los fundos insuficientemente cultivados, la doctrina social justifica, mediante una indemnización equitativa para los propietarios,34 la expropiación de la tierra para repartirla a quienes estén desprovistos o que posean parcelas irrisorias.35
Se debe subrayar sin embargo que, para la doctrina social, una reforma agraria no se debe limitar a repartir tÃtulos de propiedad a los asignatarios.
La expropiación de las tierras y el reparto de éstas no son más que uno de los aspectos, y no se trata del más complicado, de una polÃtica de reforma agraria equitativa y eficiente.36
37. La doctrina social de la Iglesia ve en la reforma agraria un instrumento adecuado para difundir la propiedad privada de la tierra en el caso en el que los poderes públicos actúen siguiendo tres lÃneas de acción diferentes pero complementarias:
a) a nivel jurÃdico, para que haya leyes justas que mantengan y tutelen la efectiva difusión de la propiedad privada;37
b) a nivel de polÃticas económicas, para facilitar « el acceso a la propiedad privada de los siguientes bienes: bienes de consumo duradero; vivienda; pequeña propiedad agraria; utillaje necesario para la empresa artesana y para la empresa agrÃcola familiar; acciones de empresas grandes o medianas ».38
c) a nivel de polÃticas fiscales y tributarias, para asegurar la continuidad de la propiedad de los bienes en el ámbito de la familia.39
38. Condenando el latifundio, porque es la expresión de un uso socialmente irresponsable del derecho de propiedad y porque es un grave obstáculo para la movilidad social, y condenando también la propiedad estatal de la tierra, porque conlleva una despersonalización de la sociedad civil, la doctrina social de la Iglesia, consciente de que « nadie puede establecer en términos genéricos las lÃneas fundamentales a que debe ajustarse la empresa agrÃcola »,40 sugiere que se valore ampliamente la empresa familiar propietaria de la tierra que cultiva directamente.41
La empresa agrÃcola familiar citada anteriormente utiliza sobre todo el trabajo realizado por los miembros de la familia y se puede integrar al mercado del trabajo empleando trabajadores asalariados.
La dimensión de este tipo de empresa agrÃcola deberÃa estar en condiciones de proporcionar: unos ingresos adecuados para la familia, la continuidad de la familia en la empresa, el acceso a los créditos agrÃcolas y la sostenibilidad del medio ambiente rural, todo ello, utilizando de forma apropiada los factores de producción.
Gracias a la eficiencia de su gestión y a la riqueza social que se produce de esta forma, este tipo de empresa proporciona nuevas posibilidades de empleo y de crecimiento humano para todos.
Esta empresa, puede proporcionar una contribución muy positiva no sólo para el desarrollo de una estructura agrÃcola eficiente, sino también para la realización del principio mismo del destino universal de los bienes.
39. El Magisterio social de la Iglesia no considera la propiedad individual como la única forma legÃtima de posesión de la tierra. Este considera también y de forma especial la propiedad comunitaria, que caracteriza la estructura social de numerosos pueblos indÃgenas.
Este tipo de propiedad tiene tantas repercusiones en estos pueblos, a nivel económico, cultural, y polÃtico, que constituye un elemento fundamental de su supervivencia y de su bienestar, teniendo además una función igualmente esencial de salvaguardia de los recursos naturales.42
La protección y la valoración de la propiedad comunitaria no debe, sin embargo, excluir la consciencia del hecho de que este tipo de propiedad está destinado a evolucionar. Si se actúa sólo para garantizar su conservación se corre el riesgo de vincularla al pasado y, de este modo, de destruirla.43
40. La tutela de los derechos humanos que provienen de la actividad laboral es otra lÃnea de acción fundamental que la doctrina social de la Iglesia presenta para asegurar una correcta actuación del derecho de propiedad privada de la tierra. Dadas las relaciones que vinculan el trabajo a la propiedad, éste representa un medio de importancia crucial para garantizar el destino universal de los bienes.
Los poderes públicos,44 tienen pues el deber de intervenir para que estos derechos sean respetados y realizados siguiendo tres lÃneas de acción:
a) fomentar las condiciones que aseguren el derecho al trabajo;45
b) garantizar el derecho a una remuneración del trabajo justa;46
c) tutelar y promover el derecho de los trabajadores de formar asociaciones, que tengan como finalidad la defensa de los derechos de los trabajadores.47 El derecho a asociarse representa, en efecto, la condición indispensable que permite alcanzar un equilibrio en las relaciones de poder de contratación entre los trabajadores y los empresarios y para garantizar, por lo tanto, el desarrollo de un buen diálogo entre las partes sociales.
41. El factor cada vez más decisivo para tener acceso a los bienes de la tierra ya no es, como ocurrÃa en el pasado, la propiedad de la tierra, sino la posesión de los conocimientos que el hombre posee y puede acumular. Juan Pablo II afirma: « Existe otra forma de propiedad, concretamente en nuestro tiempo, que tiene una importancia no inferior a la de la tierra: es la propiedad del conocimiento, de la técnica y del saber ».48
Cuanto mejor conozca el agricultor las capacidades productivas de la tierra y de los demás factores de producción y las diferentes modalidades con las cuales responder a las necesidades de los destinatarios del fruto de su trabajo, más fecundo será su trabajo, sobre todo como instrumento de realización personal, con el que emplea su inteligencia y su libertad.
Es necesario, urgente y prioritario poner en marcha un sistema de enseñanza capaz de ofrecer, en los diferentes niveles escolares, la enseñanza de los conocimientos y el desarrollo de las aptitudes técnicas y cientÃficas.
42. Una actividad agrÃcola caracterizada por la apropiación indebida y por la concentración de las tierras en latifundios obstaculiza gravemente el desarrollo económico y social de un paÃs. La falta de crecimiento de la producción agrÃcola y del empleo no es más que un efecto a corto plazo.
Frente a esta situación, una reforma de la agricultura, que asegure un reparto de las tierras diferente, representa un objetivo importante sobre el cual hay que centrar la atención, al tratarse de una intervención necesaria para el desarrollo armónico de la economÃa y de la sociedad.
La calidad y el éxito de los programas de desarrollo obtienen, en efecto, grandes beneficios de la movilidad de los recursos internos de un paÃs y de su distribución entre los diferentes sectores y grupos sociales. El objetivo de una reforma agraria es precisamente el de consentir el acceso a la tierra y a su utilización apropiada asà como el fomento del empleo.
43. Este tipo de reforma agraria, como medida polÃtica de desarrollo, es cada vez más necesaria, debida e improrrogable.
Un sector agrÃcola en desarrollo incrementa la renta de los agricultores, hace aumentar la demanda de bienes y de servicios producidos por la industria y por el sector terciario y afianza el poder adquisitivo de quienes, a pesar de vivir en zonas rurales, no trabajan en el sector de la agricultura.
El primer efecto importante de este desarrollo es la contención del impulso migratorio hacia las ciudades y el traslado de la mano de obra hacia otros sectores, y los efectos sobre la urbanización y sobre el nivel de los salarios.
El incremento de la productividad agrÃcola consentirÃa el garantizar la seguridad alimentaria de la población y promover asà el desarrollo cualitativo y cuantitativo de los productos alimentarios mediante precios asequibles.
Además, las experiencias concretas demuestran que el desarrollo del sector de la agricultura conlleva la expansión del sector de la industria y de los servicios y, por lo tanto, el desarrollo de toda la economÃa.
Hay que señalar además que una reforma agraria que genera la creación de empresas familiares, contribuye de forma evidente a reforzar la familia, puesto que valora las capacidades y las responsabilidades de sus miembros.
44. En los lugares donde sigue habiendo iniquidad y pobreza, la reforma agraria representa no sólo un instrumento de justicia distributiva y de crecimiento económico, sino también un acto de gran sabidurÃa polÃtica.
Esta es la única respuesta posible y concretamente eficaz, es la respuesta de la ley al problema de la ocupación de las tierras. Esta última, bajo sus formas variadas y complejas, incluso cuando son las condiciones de necesidad extrema las que la provocan,49 sigue siendo de todo modos una acción que no está conforme a los valores y a las normas de una convivencia verdaderamente civil. El clima de emotividad colectiva generado por la ocupación de las tierras, puede con facilidad conllevar una serie de acciones y de reacciones tan graves que pueden incluso escapar a cualquier control. Las instrumentalizaciones que se dan, a menudo no tienen nada que ver con el problema de la tierra.
La ocupación de las tierras, a menudo manifestación de situaciones intolerables y deplorables a nivel moral, es la señal de alarma que requiere una actuación, a nivel social y polÃtico, de medidas eficaces y equitativas. Son, ante todo, los Gobiernos quienes deben intervenir, con su voluntad y determinación, para que se tomen urgentemente esas medidas. El hecho de retrasar y posponer la reforma agraria quita credibilidad a las acciones de los Gobiernos de denuncia y de represión de la ocupación de las tierras.
45. Se podrán alcanzar los objetivos de este tipo de reforma sólo si se plantean correctamente los programas de desarrollo. Para que tengan buenos resultados se debe evitar de caer en la equivocación de creer que las medidas de reforma agraria consisten solamente en: expropiar los grandes latifundios, dividir las tierras en parcelas compatibles con la capacidad laboral de cada familia y, por fin, repartir las tierras a los beneficiarios de los tÃtulos de propiedad.
Un programa de reforma agraria debe, por supuesto, prever objetivos a corto plazo para conseguir resultados inmediatos dada la gravedad de los problemas sociales, asegurándose que el acceso a las tierras responda plenamente a las necesidades. Pero, si la reforma agraria, a medio y largo plazo, se conforma simplemente con una distribución de tierras, el problema de la lucha contra la miseria y el problema del desarrollo seguirán sin solucionarse.
Para poner en marcha una reforma agraria capaz de responder de forma concreta y duradera a los graves problemas económicos y sociales del sector de la agricultura de los paÃses en vÃas de desarrollo, el compromiso de asegurar el acceso a las tierras no debe ser más que una primera parte del programa. Este se debe desarrollar a largo plazo, hay que prever medidas que permitan el acceso a los factores de producción y a las infraestructuras que hacen que la productividad de la agricultura y la comercialización de sus productos mejore continuamente. Además hay que prever el acceso a los servicios sociales que mejoran la calidad de vida y la capacidad de autopromoción de las personas, y por consiguiente, el respeto de los pueblos indÃgenas. Para que la reforma agraria sea un éxito, las polÃticas nacionales y las de los organismos internacionales deberán ser totalmente coherentes con ésta.
46. La investigación es fundamental para realizar una reforma agraria verdaderamente efectiva y eficaz, porque gracias a ésta se alcanzan tres objetivos esenciales: la oferta de tecnologÃas apropiadas, el incremento de la producción y la protección del medio ambiente. Hoy en dÃa es posible eliminar el contraste que existÃa entre: la utilización de tecnologÃas apropiadas a cada tipo de empresa, la necesidad de las empresas de incrementar la producción agrÃcola y la necesidad de conservar los recursos naturales. Existe toda una serie de casos concretos que demuestran que los incrementos de productividad de la tierra y del trabajo realizados empleando tecnologÃas relativamente sencillas, pero innovadoras, son en general, los más eficientes y eficaces, incluso por lo que se refiere a sus compatibilidades con el medio ambiente.
Estos mismos casos prueban que la productividad y la compatibilidad están estrechamente vinculadas a innovaciones en el cultivo y en la utilización del suelo, que generalmente están muy condicionadas por las caracterÃsticas del medio ambiente fÃsico y económico local.
Las investigaciones y las experimentaciones hacen que sea posible determinar las innovaciones que se deben emplear en cada caso concreto.
47. Asà mismo, en una reforma agraria, es esencial que haya un servicio de asistencia técnica. La asistencia técnica representa el complemento indispensable de las actividades de investigación y experimentación, porque los resultados de éstas se pueden emplear a nivel de utilización práctica sólo si se informa a los productores de que existen y sólo si están convencidos de su eficacia.
La información y la capacitación son, por lo tanto, necesarias, deben ser constantes de forma que el nivel de conocimientos profesionales de los agricultores alcance el de las exigencias de la reforma agraria.
El servicio de asistencia técnica es indispensable sobre todo para educar a los agricultores a que se enfrenten al mercado formando asociaciones, siendo éstas las únicas que pueden darles un poder de contratación real y orientarles de forma oportuna sobre la producción.
48. Además, es necesario que los programas de reforma agraria prevean el empleo de recursos para fomentar las infraestructuras rurales, se trata de la tercera área de intervención que es igualmente fundamental para que la reforma tenga éxito.
Una agricultura en desarrollo conlleva un incremento continuo de la demanda de energÃa, de carreteras, de telecomunicaciones y de agua para irrigar. La oferta de estos servicios debe corresponder a la demanda.
Con este fin, además de proporcionar las infraestructuras necesarias, habrá que cuidar de su buena gestión. Sobre todo en el caso del agua de riego, a menudo se presenta el problema de la distribución del agua a los usuarios y del empleo de los medios que garanticen una adecuada repartición del recurso para evitar su malgasto.
49. Otro problema que la reforma agraria debe encarar es el del acceso al crédito legal. A quienes han recibido la tierra se les debe garantizar la posibilidad de disponer de los modernos factores de producción a unos precios razonables.
Los beneficiarios de la reforma, por lo general, no poseen los ahorros necesarios para adquirir dichos factores y, por lo tanto, deben recurrir al crédito, pero los elevados costes de los préstamos concedidos a pequeños clientes hacen que los bancos de crédito se resistan a concederlos. A los beneficiarios de las tierras les queda pues una sola alternativa: recurrir al mercado no formalizado del crédito, con los costes y los riesgos que esto conlleva. Para evitar estos riesgos hay que fomentar las iniciativas de creación de bancos locales en cooperativa.
Los programas de reforma agraria deben prever el respaldo de la demanda de créditos de las nuevas empresas generadas por la reforma. Se deben tomar medidas que propongan formas de garantÃa complementarias y que reduzcan los costes de la apertura de expediente de las operaciones de crédito.
Hay que facilitar y fomentar los créditos concedidos a los diferentes tipos de asociaciones de empresas nacidas de la reforma y que tienen como objetivo: administrar conjuntamente los servicios de producción, adquirir de forma colectiva los factores de producción y comercializar de forma conjunta los productos.
50. Junto con la realización de servicios y de infraestructuras apropiadas para la producción agrÃcola, los programas de reforma agraria deben prever fuertes inversiones en la sanidad, en la enseñanza, en los transportes públicos y en el abastecimiento de agua potable.
En las áreas rurales de los paÃses pobres, estos servicios son escasos, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Sus posibilidades de desarrollo están limitadas por las escasa capacidades que tienen estos pueblos de influir en las decisiones polÃticas y por el hecho de que una parte importante de los costes deberÃa ir a gravar, de forma directa o indirecta, mediante la imposición fiscal, a los latifundios.
Estos servicios, fundamentales en un sistema de vida moderno, son, por otra parte, un elemento indispensable y un factor de promoción del bienestar. Los servicios son, por lo tanto, un factor clave del desarrollo sostenible.
Estos no son útiles solamente para los agricultores y sus familias sino que benefician a toda la población, al crear varias actividades productivas, al incrementar la renta complexiva producida a nivel local y al contener el fenómeno de la despoblación.
La presencia adecuada de estos servicios es por lo tanto una condición indispensable para luchar contra la pobreza de las zonas rurales y para limitar los costes económicos y sociales de la urbanización. Mediante la reforma agraria se debe pues hacer todo lo posible por incrementar en los campos el acceso, la existencia, la aceptación y la conveniencia de los servicios públicos y de las infraestructuras de utilidad pública.
Esto se puede aplicar sobre todo a la sanidad: el acceso a las estructuras sanitarias de base y a los hospitales, una educación sanitaria difundida y, la disponibilidad de remedios sencillos y económicos son fundamentales a la hora de reducir la mortalidad y la morbilidad.
51. Por lo que se refiere a los servicios, hay que dar la máxima prioridad a las medidas tomadas para garantizar, tanto a los hombres como a las mujeres, el acceso a la escuela primaria y extenderlo hasta la enseñanza secundaria y superior.
En estas condiciones, la instrucción y la capacitación profesional ofrecen a cada individuo los medios para poder desarrollar sus aptitudes personales. Y además se convierten en factores que conllevan cambios en las actitudes y en los comportamientos, siendo estos necesarios para poder hacer frente, sin costes excesivos, a la complejidad del mundo de hoy. De este modo se conseguirÃa superar la idea que tiende a considerar la instrucción como un gasto de puro consumo y no como una inversión social.
52. Las polÃticas que procuran favorecer el acceso a las tecnologÃas modernas y a los servicios públicos deben prestar una atención particular al papel crucial que tiene la mujer en la producción agrÃcola y en la economÃa alimentaria de los paÃses en vÃas de desarrollo.
En estos paÃses, aunque haya diferencias entre un lugar y otro, las mujeres son las que desempeñan más de la mitad del trabajo empleado en el sector de la agricultura, además, por lo general, toda la responsabilidad de la producción de alimentos para el sustentamiento de la familia recae sobre ellas.50
A pesar de todo, están muy marginadas por formas graves de injusticia económica y social. Los mismos programas de reforma agraria consideran a las mujeres por el trabajo doméstico que desempeñan y no como sujetos productivos. Las leyes privilegian al hombre a la hora de asignar el derecho de propiedad de la tierra. El sistema de enseñanza tiende a anteponer la formación de los chicos a la de las chicas.
Considerando esta realidad y para que los programas de reforma agraria tengan éxito, habrÃa que preocuparse de garantizar a la mujer el derecho a la tierra, la atención de los servicios de asistencia técnica por sus necesidades, una instrucción a nivel escolar más amplia y de mayor calidad, un acceso al crédito más fácil, todo esto para mejorar la calidad de su trabajo y para reducir su vulnerabilidad a los cambios tecnológicos, y a los cambios en la economÃa y la sociedad, para incrementar el número de posibilidades de empleo.51
53. En los programas de reforma agraria se debe prestar atención al papel decisivo desempeñado por la cooperación puesto que apoya el despegue y el desarrollo de la empresas agrÃcolas nacidas de la redistribución de las tierras.
Estas empresas deben enfrentarse, sobre todo en relación al mercado, a problemas complejos. Debido a la multitud de personas que responden a las condiciones de poder aspirar a la asignación de la tierra, en la mayorÃa de los casos el tamaño de la empresas no permite una utilización rentable de algunas tecnologÃas, como por ejemplo, las que son necesarias para hacer menos pesado el trabajo en el campo. Es difÃcil que estas empresas dispongan de los principales factores de producción, de los que a menudo no existe un mercado a nivel local o bien, si lo hay, tiene precios muy altos. Son graves, sobre todo, los problemas que tienen estas empresas para comercializar sus productos. En la mayorÃa de los casos la comercialización está bajo el control de pocos comerciantes locales o bien no es factible porque, como ocurre con los nuevos productos, sobre todo si están destinados a ser transformados, no existe una demanda a nivel local.
54. En este tipo de realidad, el cooperativismo se convierte en un instrumento de solidaridad capaz de ofrecer soluciones eficaces. Bajo diferentes formas —cooperativas de servicios, de abastecimiento, de transformación, de comercialización— la cooperación permite realizar, según las necesidades, una utilización de las máquinas más difundida, una eficaz concentración de la demanda de los factores de producción y de la oferta de productos. Las cooperativas, por lo tanto, se convierten en la fuente de economÃas de escala y de formas de poder de mercado que conllevan un incremento de la competitividad de las empresas asociadas y que pueden llevar a abrir nuevos mercados para sus productos.
La cooperación es pues un instrumento muy valioso al permitir a las empresas, privadas o cooperativas, nacidas de la reforma, que cambien sus producciones y, de forma particular, al consentir el cultivo de productos de exportación sin que ello conlleve perjuicios para la economÃa local.
Además es absolutamente necesario prever, en el ámbito de una reforma agraria, la promoción y el apoyo de la creación de bancos locales de cooperación que se propongan conceder préstamos a las familias con pocos ingresos y a las mujeres, para desarrollar el sector de la agricultura, las actividades artesanales y el consumo. Varias experiencias concretas demuestran que estos microbancos pueden representar un instrumento eficaz para reforzar las nuevas empresas y para luchar contra la pobreza.
55. La reforma agraria no resuelve solamente el problema del latifundio. Esta contribuye también al reconocimiento y al respeto de los derechos de los pueblos indÃgenas.
A causa de los estrechos vÃnculos existentes entre la tierra y los tipos de cultura, de desarrollo y de espiritualidad de estos pueblos, la reforma agraria constituye una parte determinante del proyecto sistemático y coordinado de medidas que los gobiernos deben tomar para tutelar los derechos de los pueblos indÃgenas y para garantizarles el respeto de su integridad.
A través de la reforma agraria se deben encontrar las modalidades que permitan encarar, de forma equitativa y racional, el problema de la devolución de las tierras a los pueblos indÃgenas que las ocupaban anteriormente, sobre todo la devolución de las tierras arrebatadas, incluso recientemente, con una serie de violencias y discriminaciones. En este caso, la reforma agraria debe indicar los criterios que permiten localizar las tierras que éstos ocupaban e indicar las modalidades de reinserción, garantizándoles una efectiva protección de sus derechos de propiedad y de posesión.
La reforma debe consentirles el acceso a los servicios sociales y de producción y los medios necesarios para promover el desarrollo de sus tierras y para disfrutar de unas condiciones equivalentes a las que se han concedido a los demás sectores de la población.
En resumen, la reforma agraria debe ayudar a las comunidades indÃgenas a que salvaguarden y reconstruyan los recursos naturales y los ecosistemas de los que dependen su supervivencia y su bienestar. Esta debe conservar y promocionar su identidad, su cultura y sus intereses, apoyar sus aspiraciones de justicia social y garantizar un ambiente que les permita participar activamente en la vida social, económica y polÃtica del paÃs.
Para realizar estos objetivos, los programas de reforma agraria deben respetar dos condiciones:
a) Se deberá poner en práctica, de forma adecuada, el delicado y necesario equilibrio existente entre la necesidad de conservar la propiedad común y la de privatizar la tierra. Las formas tradicionales de posesión de la tierra, basadas en la propiedad común, es decir en una forma de propiedad que se presta poco a la utilización de los modernos factores de producción y al empleo de las innovaciones tecnológicas, tienden a transformarse en propiedad privada a medida que la agricultura se desarrolla. Razones con fundamento hacen prever, incluso en el caso de los pueblos indÃgenas, la actuación de una polÃtica de asignación individual de la propiedad de la tierra.52
b) Los programas de reforma agraria deben ser definidos y adoptados con la participación y la cooperación de los pueblos interesados. La reforma agraria debe garantizar a los pueblos indÃgenas, por un lado, la posibilidad de disfrutar de los servicios sociales y de producción que éstos consideren oportunos para su organización social y para resolver sus problemas, y por otro lado, deben orientar hacia otras direcciones los factores de tipo económico y social que puedan causarles perjuicios.
57. El compromiso que se pide al Estado es muy importante porque conlleva la modificación de organismos, de instituciones y de normas que a menudo se encuentran a la base de la organización polÃtica, económica y social. En la mayorÃa de los casos, este compromiso coincide con el desarrollo de cuatro lÃneas de acción a nivel institucional:
a) el perfeccionamiento y la modernización del marco jurÃdico que regula el derecho de propiedad; la posesión y la utilización de la tierra, con una atención especial por ofrecer apoyo y estabilidad a la familia, considerada como sujeto de derechos y deberes;
b) la elaboración de polÃticas y leyes que tutelen los derechos fundamentales de las personas y que garanticen, por lo tanto, el derecho de los trabajadores de poder negociar libremente sus condiciones laborales, a nivel individual y colectivo;
c) la aplicación de un proceso de descentralización administrativa que permita y fomente la participación activa de las comunidades locales a la elaboración de proyectos, la realización, la gestión financiera, el control y la evaluación de los programas concernientes a la población, el desarrollo y el territorio que les interesa;
d) la adopción de polÃticas macroeconómicas respetuosas del principio que los derechos de los agricultores de disfrutar de los frutos de su trabajo no son menos importantes de aquellos de los consumidores; sobre todo por lo que se refiere a problemas fiscales, monetarios y los demás problemas que nacen de los intercambios comerciales con el extranjero. La falta de respeto por los derechos económicos de los agricultores tiene inevitablemente repercusiones negativas sobre los mecanismos de mercado y sobre toda la economÃa.
58. La reforma agraria, como instrumento de una agricultura en desarrollo, implica directamente las competencias y las responsabilidades de muchas organizaciones internacionales. Estas organizaciones, al elaborar los modelos de desarrollo que pretenden difundir, deben preocuparse de que estos modelos se adapten a las necesidades y a los problemas de los diferentes paÃses.
Con este fin es importante evitar que la preocupación por reducir la deuda internacional, que a menudo conlleva una promoción de la producción agrÃcola de productos de exportación, haga que los paÃses en vÃas de desarrollo adopten medidas que provoquen un grave deterioro de los servicios públicos, sobre todo de la enseñanza, y una acumulación de problemas sociales.
59. La reforma agraria exige que las organizaciones encargadas de promover el comercio internacional presten una atención particular a las relaciones existentes entre polÃticas comerciales, distribución de la renta y satisfacción de las necesidades básicas de las familias.
El incremento de los intercambios comerciales tiene generalmente un impacto positivo en el crecimiento económico de un paÃs: amplÃa las dimensiones del mercado, fomenta un mayor rendimiento y produce nuevos conocimientos. En algunas ocasiones, sin embargo, este desarrollo económico puede empeorar las condiciones de quienes están económicamente desaventajados.
Esto ocurre, por ejemplo, si el incremento del cultivo de productos alimenticios de exportación hace disminuir la oferta de alimentos para el consumo interno y subir los precios. Se consigue un efecto aún más negativo si, por el hecho de que los productos de exportación requieren menos trabajo que los que se consumen a nivel local, se penaliza el empleo.
También puede ocurrir que se penalice por partida doble a los pequeños cultivadores. En primer lugar, porque, debido a los obstáculos que encuentran a la hora de tener acceso a los factores necesarios para cultivar los productos destinados a la exportación, éstos no pueden disfrutar de las ventajas de la exportación misma. En segundo lugar, porque el incremento de las exportaciones conlleva el aumento de ciertos costes de producción y la subida de los precios de la tierra, todo ello hace que la producción de bienes tradicionales sea menos conveniente.
Todo este conjunto de efectos, sin embargo, no es exclusivamente el resultado de la lógica de los intercambios comerciales, de la que no es más que una consecuencia indirecta. Todo esto, es también, el resultado directo de la concentración del capital tierra en manos de unos pocos, de la desigualdad social extendida y de la inadecuación de los servicios de asistencia técnico-administrativa en favor de los pequeños productores. Es evidente que esta situación, por sus consecuencias negativas a nivel de lucha contra la pobreza y el hambre, compromete a las organizaciones internacionales a tenerla en consideración a la hora de definir sus propias estrategias de intervención.
60. La Iglesia se está preparando al nuevo Milenio mediante una experiencia de conversión que encuentra su centro de inspiración en el Gran Jubileo del Año 2000. Este extraordinario acontecimiento eclesial debe impulsar a todos los cristianos a un serio examen de conciencia sobre su testimonio en el presente y también a una conciencia más viva de los pecados del pasado, de aquel « espectáculo de modos de pensar y actuar que eran verdaderas formas de antitestimonio y de escándalo ».53
Encarando el emblemático tema de la tradición bÃblica del Jubileo, de la redistribución equitativa de la tierra, el Pontificio Consejo « Justicia y Paz » se propone poner a la vista de todos una de las situaciones más tétricas y dolorosas de la corresponsabilidad, incluso de no pocos cristianos, de las graves formas de injusticia y de marginación social y de la aquiescencia de muchos de ellos frente a la violación de fundamentales derechos humanos.54
61. La aquiescencia del mal, que es una señal preocupante de degeneración espiritual y moral, no sólo para los cristianos, está produciendo, en varios contextos, una desconcertante vacuidad cultural y polÃtica, que conlleva la incapacidad de cambiar y renovar. Mientras las relaciones sociales no cambian y la justicia y la solidaridad permanecen ausentes e invisibles, las puertas del futuro se cierran y la suerte de muchos pueblos permanece anclada a un presente cada vez más incierto y precario.
El espÃritu del Jubileo nos debe incitar a decir: « ¡Basta! » ¡Basta a los numerosos pecados individuales y sociales que provocan situaciones de pobreza y de injusticia dramáticas e intolerables! Llamando la atención sobre el significado peculiar y esencial que tiene la justicia, en el mensaje bÃblico, de protección de los más débiles y de tutela de sus derechos, en cuanto hijos de Dios, de disfrutar de las riquezas de la creación, deseamos vivamente que el año jubilar, al igual que en la experiencia bÃblica, sirva también hoy para restablecer la justicia social, a través de la distribución de la propiedad de la tierra marcada por un espÃritu de solidaridad en las relaciones sociales.
62. La luz de Cristo, imagen del Dios invisible que busca al hombre, Su propiedad particular, movido por Su corazón de Padre nos da la fuerza y nos ilumina en nuestro difÃcil camino.55
El profundo conocimiento y la aplicación coherente de las directrices de la Iglesia ayudarán concretamente a toda la humanidad a crear las condiciones para disfrutar de la salvación a la que ha sido llamada por la gracia de Dios y a dirigirle a El una gran oración de gracias y de alabanza.
Invocamos la intercesión de la Virgen MarÃa, Madre del Redentor, Estrella que guÃa con seguridad los pasos hacia el Señor de todos los cristianos que abandonan los caminos equivocados, los caminos del mal, y se manifiestan dóciles a la acción del EspÃritu, para participar a la vida Ãntima de Dios y llamarle: « ¡Abbá, Padre! » (Ga 4, 6).
Roma, 23 de noviembre 1997
Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo
Roger Card. Etchegaray
Presidente del Pontificio Consejo « Justicia y Paz »
S.E. Mons. François-Xavier Nguyen Van Thuan
Vice-Presidente del Pontificio Consejo « Justicia y Paz »
Diarmuid Martin
Secretario del Pontificio Consejo « Justicia y Paz »
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