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Obispos de América Latina, Concilio Plenario de la América Latina
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T√ćTULO XV:
DE LOS JUICIOS ECLESI√ĀSTICOS

CAP√ćTULO I:
De las Curias episcopales y sus Oficiales

930. Los Obispos, a fuer de padres de numerosa familia, no pudiendo administrar todo personalmente; para poder cumplir, con el empe√Īo debido, el grave y complicado deber de "dar a cada uno lo que es suyo" y "para que haya orden perfect√≠simo en el despacho de las causas y de los negocios, y, evitando confusiones y perjudiciales tardanzas, las controversias judiciales tengan un curso y un t√©rmino, no menos recto que expedito" 933 : confieren este cargo a varones a prop√≥sito, que constituyen la curia episcopal.

931. Toda curia episcopal consta ante todo de un Vicario General, que se considera delegado con poder general para ejercer la jurisdicción ordinaria del Obispo, con excepción de aquellas cosas que requieren mandato especial, o que éste se reserva especialmente. En virtud de su oficio, le compete el conocimiento de las causas de toda la diócesis. Constituye, con el Obispo, un solo y el mismo tribunal; por lo cual no se da apelación al Obispo, de la sentencia del Vicario General.

932. El segundo funcionario de la curia episcopal es el promotor fiscal, que se llama también procurador fiscal. Su deber, en general, es defender la justicia y la ley. Le toca, por tanto, siempre que hay que proceder criminalmente contra alguno, presentar al juez la citación o demanda. Así como en los juicios civiles se requiere la demanda del actor, así en los criminales es necesaria la querella del promotor fiscal, siempre que no haya acusador privado, o no se proceda por inquisición o denuncia. Hasta el fin del litigio, cuanto acostumbran hacer en los juicios civiles los actores peritos, probos y diligentes, lo efectuará en los criminales el procurador fiscal. No acaba el cargo de promotor fiscal al cesar la jurisdicción del Obispo; de aquí es que sede vacante, debe prestar sus servicios al Vicario Capitular.

933. El tercer oficial es el Cancelario, que se llama tambi√©n notario o actuario. Deber del cancelario es redactar fielmente los autos de la Curia, tanto judiciales como extrajudiciales, y firmar los autos, decretos y sentencias, y las copias de estos. No le es l√≠cito recibir por √©stos actos de su oficio m√°s de lo que permite el arancel, autorizado por el superior leg√≠timo. Aunque el Concilio Tridentino 934 no prohibe que el notario sea seglar, recomendamos que este cargo s√≥lo se desempe√Īe por eclesi√°sticos.

934. Las Curias episcopales se componen generalmente del Vicario General, el procurador fiscal y el cancelario. Algunas veces, sobre todo en las causas de mayor importancia, y siempre que el Vicario no se considere del todo libre de parcialidad, el Obispo desempe√Īar√° personalmente las funciones de Vicario General. El notario o cancelario se requiere indispensablemente para los autos judiciales. Adem√°s, en todos los autos de las causas criminales, es indispensable el procurador fiscal, cuando se procede conforme a la instrucci√≥n de la Sagrada Congregaci√≥n de Obispos y Regulares 935 , y cuando no hay acusador privado, ni se procede por v√≠a de inquisici√≥n o denuncia.

935. Adem√°s del Vicario General, acostumbraron los Obispos, desde los tiempos m√°s remotos, nombrar Vicarios For√°neos, que fuera de la Ciudad, en las aldeas y pueblos que se les se√Īalaban, fallaran en las causas de menor importancia, y ejercieran jurisdicci√≥n, limitada a ciertos actos, no constituyendo un mismo tribunal con el Obispo, y por consiguiente, con lugar a apelaci√≥n de sus sentencias al mismo Obispo. Y por cuanto la honestidad de vida y la integridad ejemplar de los cl√©rigos, y su empe√Īo en el exacto cumplimiento de sus deberes, sirve de remedio saludable para que el mal no se disemine impunemente, con gran esc√°ndalo del pueblo y destrucci√≥n de las almas, queremos que, donde todav√≠a no existieren, se establezcan cuanto antes, al menos en los principales lugares de la di√≥cesis, y sea cual fuere el nombre que se les de, de Arciprestes, Decanos, etc., Vicarios For√°neos que, como lo exige su cargo, recibido por mera delegaci√≥n del Obispo, vigilen para que los p√°rrocos y dem√°s presb√≠teros sujetos a su jurisdicci√≥n, cumplan con su deber con la diligencia, prudencia y caridad que es justo; y que, apenas percibieren que alguno falta en el desempe√Īo de sus funciones, o no escapa a sospechas de pecado, lo amonesten paternalmente, si preven que le aprovechar√°n las admoniciones paternales; pero si se hace el sordo, o parece que no le servir√°n las advertencias, o no surten efecto los remedios empleados, lo denuncien sin demora al Ordinario.

936. Siendo important√≠simo para los Prelados, el estar perfectamente informados de la condici√≥n de sus s√ļbditos, y especialmente de la vida de los cl√©rigos, y de los oficios y beneficios que poseen en la Iglesia, decretamos y mandamos que los Vicarios For√°neos, al fin de cada a√Īo, manden al Ordinario una relaci√≥n escrita, del estado y vida de los p√°rrocos y dem√°s sacerdotes de su distrito respectivo, y lo instruyan acerca de su conducta en general, y principalmente de los excesos y delitos que hubiesen descubierto, para que pueda determinar lo que es conveniente para la salvaci√≥n de su alma y la reforma de sus costumbres. Y si los excesos fueren tales que la correcci√≥n no admita esperas, den√ļncienlo inmediatamente. El Ordinario guardar√° esta relaci√≥n en el archivo secreto, para tomar nota de las noticas en ella contenidas, no s√≥lo cuando haya que proceder contra alguno, sino tambi√©n cuando hayan de conferirse oficios y beneficios, para que los distribuya conforme a los m√©ritos, capacidad y talento de cada uno.

CAP√ćTULO II:
Del modo de proceder en las causas matrimoniales

937. La inmensa importancia de las causas matrimoniales, se deduce claramente del hecho que por ellas se pone en peligro el pacto conyugal, que, declarado indisoluble desde el principio (ser√°n dos en una misma carne) fue enriquecido por Cristo Nuestro Se√Īor con la dignidad y valor de sacramento. La indisoluble sociedad del var√≥n y la mujer, significa maravillosamente la perpetua y estrecha uni√≥n del mismo Cristo con la Iglesia, y su inefable e inmenso amor para con su esposa. Dice el Ap√≥stol San Pablo (Eph. v, 25, 32): Vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres, as√≠ como Cristo am√≥ a su Iglesia y se sacrific√≥ por ella... Sacramento es este grande, m√°s yo hablo con respecto a Cristo y a la Iglesia.

938. Por esta raz√≥n, el conocimiento de las causas matrimoniales se ha quitado a los jueces inferiores, sean quienes fueren, y no obstante cualquier privilegio o prescripci√≥n, y se ha reservado al examen y jurisdicci√≥n de los Obispos exclusivamente, exceptuando aun a los Abades verdaderamente nullius, aunque est√©n revestidos de la dignidad cardenalicia, seg√ļn las resoluciones de la Sagrada Congregaci√≥n del Concilio: por tanto, ser√° m√°s seguro que el Obispo no s√≥lo pronuncie la sentencia, sino que forme tambi√©n los autos del proceso, por s√≠ o por alg√ļn eclesi√°stico especialmente delegado al efecto 936 .

939. Obs√©rvese al pie de la letra lo que Benedicto XIV decret√≥ en su Constituci√≥n Dei miseratione 937 , a saber, que en todos estos juicios est√© presente el defensor del matrimonio, llamado ex officio, a quien toca, de palabra y por escrito, defender la validez del matrimonio, y alegar cuanto creyere necesario, para defender el mismo matrimonio. Todo lo que se efectuare en el juicio, sin que se le cite e intime leg√≠timamente, ser√° nulo, vano y de ning√ļn valor, y por nulo y de ning√ļn valor se tendr√°, como si no se hubiese citado o intimado aquella parte, a quien interesaba se citase, y a la cual, conforme a las prescripciones de las leyes y de los c√°nones, era absolutamente necesario citar e intimar, para la validez leg√≠tima del proceso.

940. Recuerden, no obstante, aquellos a quienes corresponde, que la citada Constituci√≥n de Benedicto XIV, y la Instrucci√≥n de la Sagrada Congregaci√≥n del Concilio de 22 de Agosto de 1840 938 , tratan exclusivamente de las causas en que se disputa sobre el v√≠nculo mismo del matrimonio, y no de aquellas en que se trata de la simple cohabitaci√≥n o separaci√≥n de los c√≥nyuges, o de los esponsales. Adem√°s, s√≥lo se cuentan entre las causas matrimoniales las que conciernen a los lazos matrimoniales contra√≠dos in facie Ecclesiae, y no √ļnicamente por un acto civil, como declar√≥ la Sagrada Congregaci√≥n del Concilio, in Treviren de 29 de Enero de 1853.

941. Si sólo se trata de un matrimonio rato y no consumado, se dirigirá una solicitud al Romano Pontífice, bien directamente, bien por conducto del Obispo; en la cual, como manda Benedicto XIV en la citada Constitución, se expondrá una plena y exacta historia del caso todo, enumerándose todos los motivos que el suplicante crea que pueden servir, para alcanzar la dispensa pedida. Los Obispos, en estas causas, tendrán presente la declaración de la Sagrada Congregación del Concilio in Varsavien, de 16 de Junio de 1894 939 .

942. Por tanto, cuando el Obispo deba investigar, si consta de la nulidad de alg√ļn matrimonio, o si se ha de acudir al Romano Pont√≠fice para la dispensa del matrimonio rato y no consumado, si le pluguiere, delegar√° un juez; luego √©l mismo, o el juez delegado, llamar√° al tribunal al defensor del matrimonio, si ya existiere en la Curia; y si no, el Obispo lo nombrar√° por esa vez, escogiendo un var√≥n id√≥neo, si posible fuere, de entre los eclesi√°sticos, y notable por su conocimiento del derecho al par que por su probidad de vida. El defensor, a quien se da el cargo de defender el matrimonio, prestar√° ante todo, juramento de desempe√Īar con fidelidad sus funciones.

943. Luego, el defensor del matrimonio leerá atentamente los hechos narrados por el actor en el memorial, y después de maduro examen, formará el interrogatorio a que habrá de sujetarse al cónyuge actor; y de tal suerte ordenará las preguntas, que antes de hablar del hecho principal de la controversia se toquen otros hechos en relación con éste; y redactará las cuestiones con palabras de las cuales no pueda el examinado conocer fácilmente la conexión entre el hecho de que se trata y el principal: lo cual se observará igualmente en el interrogatorio del otro cónyuge.

944. En el acto del examen, el juez y el defensor del matrimonio procurar√°n que las respuestas al interrogatorio no sean incompletas. Hagan, pues, por averiguar las circunstancias; que puedan influir en la decisi√≥n de la causa, y urjan al examinado para que d√© las razones o motivos de lo que sabe. Porque el testigo debe responder, se√Īalando la causa de lo que sabe; de tal suerte que, si no puede o no quiere responder, y m√°s si niega, o alega una causa falsa o vana, se le negar√° la fe por completo y la prueba ser√° nula.

945. No se contentarán con esas respuestas, en que el examinado no refiere los mismos hechos particulares juntamente con sus causas, sino que atribuye a los hechos una importancia y consecuencias de su propia invención. Los testigos, si no aducen los hechos mismos juntamente con todas las circunstancias y pormenores de tiempo y de lugar, no prueban nada o casi nada. Pues toca a los testigos narrar los hechos con las circunstancias, para que pueda el juez ponderar los hechos narrados, y deducir la consecuencia de derecho.

946. Tampoco se tolerará que los cónyuges, o los testigos sujetos a examen, divaguen de la cuestión propuesta, recitando un prolijo discurso. Se les debe exigir que respondan categóricamente a cada miembro de la pregunta. Porque a veces, antes de ir al examen, aprenden de memoria la deposición que han de hacer ante el juez, movidos de un espíritu de parcialidad, más bien que por el amor a la verdad. Por lo demás, los discursos largos aumentan sin necesidad el volumen del proceso; mientras, por el contrario, para que la verdad resplandezca, hay que evitar no sólo la esterilidad, sino lo superfluo en los discursos; pues tanto el exceso, como el defecto, en los autos, son igualmente enemigos de la verdad.

947. Despu√©s del examen del c√≥nyuge actor se procede al del otro. Este, las m√°s veces, se resiste a presentarse. En este caso el juez, con exhortaciones y buenos consejos, advirti√©ndole que no se trata tanto de defender sus derechos como de un deber de conciencia, procure inducirlo a que comparezca el d√≠a se√Īalado. Ninguno mejor que el otro c√≥nyuge puede conocer el hilo de la causa; y la verdad sin contradicci√≥n no se descubre f√°cilmente. Si promete comparecer, el defensor del matrimonio redactar√° un interrogatorio, teniendo a la vista no s√≥lo los hechos consignados en el memorial, sino los que en el examen judicial se hayan afirmado. Al fin del examen de este c√≥nyuge, lo mismo que despu√©s del actor, el juez los invitar√° a se√Īalar los testigos que han de o√≠rse en la causa.

948. Por dos razones hay examen de testigos, en las causas matrimoniales. Primero, para que pongan en evidencia los hechos que militan en pro o en contra de la intención del actor; segundo, para que pueda juzgarse del crédito que merecen los cónyuges.

949. Si el otro c√≥nyuge rehusa obstinadamente comparecer ante el juez, o presentar sus testigos; o el defensor del matrimonio colige de los autos ya acordados, que adem√°s de los testigos presentados por los c√≥nyuges, hay otros bien informados del asunto, citar√° tambi√©n a √©stos para ser examinados. Si se pretende que los c√≥nyuges no han podido tener acceso carnal, por alg√ļn defecto corporal, se examinar√°n los peritos m√©dicos a quienes consultaron los c√≥nyuges, y despu√©s se har√° el examen corporal, guardando la forma prescrita por el derecho, por los m√©dicos m√°s insignes por su ciencia, religiosidad y honradez, que designar√° el juez, trat√°ndose del marido; por matronas, si se trata de la mujer.

950. Terminado el examen de los testigos, y las otras pruebas, se da fin a la instrucción, y se publica el proceso, con decreto expreso del juez, y firmando éste, el defensor del matrimonio y el cancelario. Tratándose de matrimonio rato y no consumado, los autos se remitirán sin demora a la Santa Sede. Si la validez del matrimonio es la que ha estado a discusión, entonces ha lugar la defensa. Pondera el juez, lo que contra el matrimonio alega el actor, o su abogado, y en favor suyo el defensor; y cuando éste ya nada tenga que alegar, y el juez, oyendo también, si fuere necesario a uno o más peritos en Teología y Derecho Canónico, juzgare la causa bastante ventilada, pronunciará la sentencia definitiva.

951. Llevadas las cosas a este punto, conforme a la Constituci√≥n Benedictina n. 8: "si falla el juez en favor de la validez del matrimonio, y no hay quien apele, tambi√©n el defensor del matrimonio se abstendr√° de apelar; lo cual se observar√°, si en segunda instancia se falla en favor de la validez, habiendo el juez de primera instancia pronunci√°dose por la nulidad; pero si la sentencia es contra la validez del matrimonio, el defensor, adhiri√©ndose a la parte que sosten√≠a la validez, apelar√° dentro del plazo se√Īalado por la ley: y cuando en el juicio no hay uno solo que contin√ļe defendiendo la validez, o si lo hay, abandona el litigio una vez pronunciada la sentencia en contra, √©l apelar√° ex officio al juez superior".

952. Conforme al decreto del Santo Oficio de 5 de Junio de 1889 940 , el rigor de la Constituci√≥n Benedictina puede relajarse alg√ļn tanto en ciertos casos, a saber: "Cuando se trata del impedimento de disparidad de culto, y consta evidentemente que una parte est√° bautizada y la otra no; cuando se trata del impedimento de ligamen, y consta que el primer c√≥nyuge era leg√≠timo y vive todav√≠a; cuando, por √ļltimo, se trata de consanguinidad, o afinidad por c√≥pula l√≠cita, o de parentesco espiritual, o de impedimento de clandestinidad en los lugares en que el decreto del Tridentino Tametsi ha sido publicado, o se ha observado como tal; con tal que, por cierto y aut√©ntico documento, o a falta de √©ste, por argumentos ciertos, conste evidentemente la existencia de tales impedimentos, de que no ha dispensado la autoridad de la Iglesia: en estos casos, omitiendo las solemnidades requeridas en la Constituci√≥n Apost√≥lica Dei miseratione, podr√° el matrimonio ser declarado nulo por el Ordinario; pero siempre con intervenci√≥n del defensor del v√≠nculo matrimonial, sin que sea necesaria una segunda sentencia".

953. En el precedente decreto, se ha cuidado de que las causas matrimoniales no se dilaten sin necesidad, lo cual suceder√≠a muy a menudo, si en aquellas que tratan de los impedimentos que hemos enumerado, hubiera siempre que esperar una segunda y tercera sentencia. En estas causas, casi siempre puede el juez averiguar pronto la verdad, por los libros parroquiales y otros documentos. En los casos en que as√≠ no suceda, puede el defensor del matrimonio apelar a otro juez. Esos casos quedan siempre exceptuados en el referido decreto, y permanece en vigor el principio general de Benedicto XIV en la citada Constituci√≥n, n. 14: "En ning√ļn caso se considerar√° disuelto el v√≠nculo del matrimonio, a no ser que el defensor juzgue que no se debe apelar".

954. El impedimento de disparidad de culto, más de una vez da lugar a controversias, que no pueden dirimirse fácilmente, ni con una sola sentencia. Porque, entre los mismos católicos, muy a menudo crece la prole, sin que estén los nombres asentados en el libro de Bautismos, y sin embargo habiéndola bautizado en secreto alguno de los cónyuges. Inextricables son las cuestiones que por este motivo suelen surgir acerca de los matrimonios de los no católicos. Sobre esto téngase presentes los decretos del Santo Oficio, particularmente el del 1o. de Agosto de 1883 941 .

955. Tampoco carece de dificultades el impedimento de ligamen. Los cónyuges separados, a veces viven en países muy distantes entre sí, y es arduo negocio cerciorarse de la muerte de uno de ellos. Cuando se presente una de estas causas, ya se trate del matrimonio contraído por alguna de las partes, o de matrimonio por contraer, téngase muy presente la Instrucción del Santo Oficio de 1868 942 .

956. M√°s frecuentemente presenta cuestiones dif√≠ciles el impedimento de clandestinidad, definido con estas palabras del Concilio de Trento 943 : "A aquellos que intentaren contraer matrimonio, sin la presencia del p√°rroco, o de otro sacerdote con licencia del mismo p√°rroco o del Ordinario, y de dos o tres testigos, el Santo Concilio los declara inh√°biles para contraer de esta manera, y decreta que tales contratos sean nulos y de ning√ļn valor, como por el presente decreto los hace √≠rritos y anula". Cuando los contrayentes han vivido en muchas parroquias, a veces se duda si el p√°rroco que recibi√≥ su consentimiento matrimonial sea el que deber√° asistir conforme a la ley del Concilio de Trento. Aunque se ha generalizado la sentencia que afirma que dos cosas se requieren y bastan, a saber; la habitaci√≥n de uno al menos de los contrayentes en la parroquia en que se celebra el matrimonio, y la intenci√≥n de permanecer all√≠ la mayor parte del a√Īo; no obstante, los argumentos que pueden probar esta intenci√≥n, no siempre se encuentran a mano. Entonces hay que recurrir a indicios, y es cosa llena de peligros de enga√Īarse.

957. Por cuanto en los matrimonios celebrados ante un sacerdote con licencia del párroco o del Ordinario, cuesta a veces mucho trabajo demostrar con argumentos fehacientes, que ha habido en realidad tal licencia, porque muchas veces se da de palabra, lo cual por otra parte no reprueba el Concilio de Trento, y a veces por negligencia de los curas no se asienta en los libros parroquiales; en estos casos es de sumo interés saber si el párroco, o el Ordinario, que debieron asistir al matrimonio, o más bien los contrayentes, alegan que no existió la licencia. Porque al párroco o al Ordinario, pero no a los cónyuges y demás que lo niegan, se da crédito, si no corroboran su intención con argumentos oportunos.

958. Hay a veces algunos, que conceden que se dio la licencia; pero atacan su validez, pretendiendo que fue vaga y general, y no como lo exige el derecho, definida y determinada. Dicen que el sacerdote, que no tiene potestad de administrar los sacramentos en aquella parroquia, puede ser delegado para un matrimonio determinado; pero que si se le delega para varios matrimonios, en uno y el mismo documento, aquella delegaci√≥n es no s√≥lo il√≠cita, sino que carece de toda validez legal. Adem√°s juzgan que no surte los efectos legales la licencia de asistir al mismo o a varios matrimonios, concedida no a uno sino a varios sacerdotes extra√Īos a la parroquia. Que esta doctrina, en lo tocante a la validez de la delegaci√≥n, es contraria a la verdad, se deduce principalmente de la causa Colonien, ventilada ante la Sagrada Congregaci√≥n del Concilio 944 .

959. Con excepci√≥n de estos y algunos otros casos escabrosos, el juicio en las causas que conciernen a los impedimentos expresados en el referido decreto del Santo Oficio 945 , se termina con una, o a lo sumo con dos sentencias conformes: y si el matrimonio se declara nulo y de ning√ļn valor, pueden los c√≥nyuges si por otra parte son h√°biles, contraer nuevas nupcias; a no ser que la sentencia o sentencias sean tales que el defensor del matrimonio juzgue que no pueden verificarlo en conciencia.

960. En este caso, el defensor del sacramento, en el t√©rmino de diez a√Īos contados desde que se pronunci√≥, o se notific√≥, la sentencia, interpone apelaci√≥n: luego manda que se remitan los autos en forma aut√©ntica al juez a quien apela. Entretanto, queda en vigor para ambos c√≥nyuges la prohibici√≥n de contraer otras nupcias; y si lo hicieren antes que se pronuncie otra sentencia contra el matrimonio, o el defensor declare que desiste de la apelaci√≥n interpuesta, incurren en las penas decretadas por los sagrados C√°nones contra los pol√≠gamos.

961. No es in√ļtil recordar que aquel v√≠nculo matrimonial, que en los lugares en que no est√° vigente la ley del Concilio Tridentino, resultaba ipso facto conforme al derecho de las Decretales, si el hombre y la mujer, por otra parte h√°biles, se un√≠an carnalmente despu√©s de contra√≠dos esponsales, ya no vale en la actualidad. Adem√°s, Nuestro Sant√≠simo Padre Le√≥n XIII, por la Constituci√≥n Consensus mutuus de 15 de Febrero de 1892 946 , considerando las actuales costumbres, decret√≥ y mand√≥, que en adelante, en aquellos lugares en que los matrimonios clandestinos se tienen por v√°lidos, los jueces eclesi√°sticos, en cuyo tribunal se ventilen y juzguen esas causas matrimoniales, no consideren ya la uni√≥n carnal despu√©s de los esponsales, como contrato conyugal por presunci√≥n de derecho, ni se reconozca o declare, como leg√≠timo matrimonio.

962. Las causas matrimoniales, cuando se descubre alguna cosa nueva, que antes no se había alegado o se ignoraba, pueden reasumirse y de nuevo discutirse en el juzgado. Y esto tiene lugar, no sólo cuando la sentencia que se juzgaba fundada en un error, es contra el matrimonio, sino también cuando se ha pronunciado en su favor. Porque la sentencia que por error declara válido un matrimonio, que en realidad es nulo, o por el contrario, proclama nulo un matrimonio válido de hecho, no puede hacer que se cambie la naturaleza de las cosas.

963. El juez, antes de decretar si ha lugar a nuevo juicio, anticipa un sumario conocimiento de la causa, sin citar al adversario; y sólo en el caso de que parezca justa, se permite que se entable el nuevo juicio.

964. En este nuevo juicio extraordinario, conviene que, tanto el juez como el defensor del matrimonio, se porten con mayor circunspección que en los ordinarios. El que, cuando pudo defenderse no lo hizo, no se mueve las más veces por amor a la verdad, y da lugar a sospechas de fraude. Particularmente, en los testigos que se presentan después de la publicación de los testimonios, hay que temer el soborno. Por esta razón, en los demás juicios, está prohibido oir nuevos testigos en una causa de apelación, después que se han publicado los testimonios 947 .

CAP√ćTULO III:
Del modo de proceder en las causas de los Clérigos

965. Como, por lo aciago de los tiempos actuales, sería para los Obispos ardua empresa, administrar justicia con la solemnidad acostumbrada en los siglo pasados, Nuestro Santísimo Padre León XIII, el 11 de Junio de 1880, por medio de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, promulgó una instrucción acomodada a la presente situación de la Iglesia, que deben tener a la vista los jueces eclesiásticos 948 .

966. En dicha Instrucci√≥n se trata √ļnicamente de los cl√©rigos. Pero si los Obispos, como estamos ciertos, con aquel celo por la salvaci√≥n de las almas que los distingue, se dedican a las causas disciplinarias y criminales de los cl√©rigos principalmente, tambi√©n los seglares llevar√°n mejor vida.

967. Así, pues, el Obispo, apenas viere que un clérigo se porta de tal suerte, que necesite de su solicitud pastoral, cumpla con su deber con la prudencia y caridad que es justo, sin tardanza ninguna, y sin respeto a las personas, pues la justicia no tiene ojos para verlas.

968. Para conocer a fondo la vida de sus clérigos, el Obispo (o su Vicario General) vigilará con solicitud singular a los curas de la ciudad de su residencia, o donde la Curia episcopal tiene su asiento, y les mandará que le den razón exacta de los hechos, costumbres y trato de los clérigos que hubiere en su parroquia. En cuanto a los clérigos de las demás ciudades, pueblos, aldeas y cortijos, hará que los vicarios foráneos le den informes de palabra y por escrito.

969. La averiguaci√≥n que se haga ser√° general, o especial, seg√ļn la diversidad de los casos. Tendr√° lugar la averiguaci√≥n general, cuando al Obispo o al Vicario General se denunciare alg√ļn delito, que traiga consigo esc√°ndalo, u otro da√Īo a la Rep√ļblica Cristiana, sin que se se√Īale el nombre del delincuente. Entonces el Obispo (o el Vicario General) indagar√°, en secreto, si en realidad se ha cometido aquel crimen; y sus indagaciones sobre el autor del delito ser√°n tan generales, que no sugieran sospecha contra alguno en particular.

970. Tendr√° lugar la averiguaci√≥n especial, cuando en el mismo acto se denuncian al Prelado el delito y el nombre del delincuente, y cuando de la averiguaci√≥n general resultan suficientes indicios contra alguno. No se requieren graves indicios para esta averiguaci√≥n, porque, siendo secreta, no se sigue grave da√Īo al denunciado, si es inocente; pero s√≠ deben ser de alg√ļn peso, porque ninguno puede ser tenido por sospechoso, sino es por una causa veros√≠mil, seg√ļn la definici√≥n del derecho.

971. Considerar√°, adem√°s, si la denuncia se ha hecho por alguno de los que, por raz√≥n de su cargo, tienen que vigilar la conducta de los cl√©rigos, o por alg√ļn otro. En este √ļltimo caso, hay que ponderar ante todo, si aquel a quien incumbe tal deber, ha podido, sin culpa, ignorar el hecho y ocultarlo al Prelado. Porque el p√°rroco, o el vicario for√°neo, a quien est√° sujeto el cl√©rigo acriminado, y que sobre todo en negocios de averiguaci√≥n secreta, debe, en virtud de su cargo, ayudar al Prelado, ser√≠a de cierto, al menos en este caso, indigno de sus funciones, si, no mediando justo impedimento, ignor√≥ el hecho, o no lo denunci√≥ al superior. Si el que acus√≥ al cl√©rigo no tiene por motivo el bien p√ļblico, sino su propio inter√©s particular; es decir, si no intenta una causa criminal, sino civil, pidiendo lo que el cl√©rigo le debe en virtud de contrato, o de delito, entonces el juez tendr√° a la vista esta admonici√≥n de San Carlos, en el VI Concilio Provincial de Mil√°n: "Antes que se entable el litigio o cualquiera otro juicio, procuren los jueces, con toda equidad y paternales consejos, dirimir los pleitos, aplacar las controversias y reconciliar a los litigantes, por medio de una transacci√≥n" 949 .

972. Terminada la averiguación especial, ponderará el Obispo si los indicios recogidos contra el acriminado son graves o leves: si leves, sobreseerá en el proceso, guardará los autos en el archivo secreto, para cualquier evento futuro, y entretanto estará en acecho. Si son graves, procederá adelante, pero sin abrir inmediatamente el juicio, sino tratando de arreglar paternalmente el negocio, siempre que lo permita la naturaleza o gravedad del delito que se está investigando. Llamará, pues, al acusado y le manifestará las acusaciones, pero ocultando el nombre del denunciante y el origen de la noticia, cuando no se trate de un juicio civil; y procurará persuadir al acusado que obre como conviene. Al hacer ésto, se abstendrá de toda amenaza de castigo. Podrá el Obispo hacer estas paternales admoniciones, por carta o por interpósita persona.

973. Si el acusado se presenta, y destruye la fuerza de la acusaci√≥n, o se muestra preparado a la enmienda, y a reparar los esc√°ndalos y perjuicios, no se proceder√° ulteriormente. Pero si rehusa presentarse, o desecha las admoniciones paternales, el Obispo ponderar√° maduramente, aun tomando consejo de varones prudentes, si los indicios y argumentos recogidos contra el acusado, teniendo tambien en cuenta su modo de obrar en cuanto a las admoniciones paternales, son tan graves que constituyan prueba semiplena, o no. Porque, si no llegan al grado de semi-prueba, lo mejor es abstenerse de toda amenaza de castigo y de proceso judicial. Se contentar√° el Prelado con vigilarlo de un modo especial, y castigarlo con penas negativas, neg√°ndole nuevos cargos y quit√°ndole, si puede hacerlo sin injusticia ni esc√°ndalo, los que no sean vitalicios. Pero si constituyeren prueba semiplena, indicar√° al acusado circunstanciadamente lo que debiere hacer y evitar, y en el mismo documento le se√Īalar√° un plazo conveniente, dentro del cual haga constar si acepta lo que en aqu√©l se determina, a√Īadiendo que, si no lo cumple al pie de la letra, habr√° necesidad de entablar juicio en su contra.

974. Este modo pastoral del Prelado en el trato con el s√ļbdito, es sumamente √ļtil a los cl√©rigos, a quienes las m√°s veces, con estos remedios suaves, retrae de la perdici√≥n, de la infamia y de litigios temerarios; conviene tambi√©n al Obispo, para no enajenarse las voluntades de los pueblos, cuyo filial amor le es tan necesario para desempe√Īar sus funciones con fruto, y no parecer que se anda buscando sin motivo molestias y disgustos. Al tratar as√≠ con el cl√©rigo, le podr√° hacer ver los inconvenientes de los pleitos; pero pondr√° especial empe√Īo en ocultarle su opini√≥n sobre el √©xito favorable o adverso del litigio. Grav√≠simo es el mal que puede resultar de que el juez falle en una causa, sin ver lo que hay que ver, ni considerar lo que hay que considerar.

975. Se omitir√°n las referidas admoniciones, cuando as√≠ lo sugiera la naturaleza del delito o de la controversia. Pero nunca, en las causas criminales, antes de llamar a juicio al acusado, se omita el decreto del juez, en que se concede facultad al promotor fiscal, de entablar juicio contra √©l, como es de derecho, y de proseguir el juicio. Cuando se trata de un juicio civil, el juez, a instancia del actor, llamar√° al cl√©rigo a juicio, a no ser en aquellos lugares en que, los Sumos Pont√≠fices, o los concordatos, o alg√ļn indulto especial, han derogado a tal grado el fuero eclesi√°stico, que s√≥lo quede al actor el recurso de sostener sus derechos ante jueces laicos, guardando las reglas del decreto del Santo Oficio de 23 de Enero de 1866 950 . En este caso, el actor est√° obligado a pedir permiso al Ordinario del cl√©rigo, quien no lo negar√°, despu√©s que sus esfuerzos por conciliar las partes hayan resultado vanos.

976. El Procurador fiscal, visto el referido decreto del juez, ponderará atentamente los hechos que de la averiguación secreta resultaron contra el reo; y formará un expediente en el cual, salvo que la prudencia lo vede, conforme a la Instrucción de la S. C. de Obispos y Regulares, de 11 de Junio de 1880 951 , expondrá extensamente los hechos aglomerados contra el reo por la averiguación, y concluirá instando con palabras generales, a que se provea como haya lugar en derecho. Si por la naturaleza del delito, o por otras circunstancias, no fuere prudente exponer en la citación las culpas del reo, el promotor fiscal no narrará en el expediente los hechos particulares, sino que afirmará, en general, que han sido denunciados a la curia tales hechos contra aquel clérigo, que obligan a llamarlo a juicio.

977. Presentado el expediente por el procurador fiscal, el juez fijará un plazo al reo, dentro del cual tenga que comparecer en juicio. Este decreto del juez, juntamente con la acusación, se notifica al reo por medio del alguacil de la curia, o de otro modo legítimo.

978. Si el reo no comparece en el plazo fijado, el juez le conceder√° otro, a√Īadiendo esta cl√°usula u otra semejante: se fallar√° en contumacia, si el reo no compareciere. Podr√° el juez a√Īadir esta cl√°usula no s√≥lo en la segunda citaci√≥n, sino aun en la primera, si as√≠ lo pide la urgencia del caso. La citaci√≥n corroborada con esta cl√°usula se considera perentoria. Si ni aun a √©sta obedeciere el reo, el promotor fiscal (o el actor en juicio civil) instar√° para que, sin nueva citaci√≥n del reo, y consider√°ndosele como si hubiera sucumbido en su defensa, se atienda s√≥lo a lo que √©l haya probado, o probar en adelante, aduciendo nuevas pruebas, si acaso faltaren, para corroborar su demanda de una manera concluyente. Presentada esta petici√≥n, el juez decretar√° que se proceda adelante, no obstante la contumacia del reo. Y aunque todas las leyes clamen contra el contumaz, ganar√° si su buen derecho le favorece.

979. Si el reo comparece en el plazo fijado, se le sujeta a examen judicial, en presencia del procurador fiscal y del actuario. Aquí tendrá el juez presente cuanto se ha dicho arriba.

980. Sucede a veces, que el reo recurre a excepciones; entre las cuales la principal ha lugar contra el juez, y para recusarlo lo proclama no leg√≠timo o sospechoso. Lo primero suceder√≠a, si el juez administrara justicia fuera de su territorio, o entre los que no est√°n sujetos a √©l, o que se excediera en la jurisdicci√≥n: lo segundo, si median graves enemistades entre el juez y el reo, o si aquel manifest√≥ su opini√≥n en la cuesti√≥n que se agita antes de tiempo, o si hubiese otra causa justa. Estas excepciones, como es claro, deben oponerse en el principio del litigio, a menos que s√≥lo se conozcan despu√©s. Si el juez desecha la excepci√≥n como injusta, puede el reo apelar de esta sentencia; y entonces el juez sobreseer√° en el proceso, hasta que el juez a quien se ha apelado conozca de la excepci√≥n. Ninguna otra apelaci√≥n retardar√° el curso de los autos, salvo que sea de la sentencia definitiva o que tenga fuerza de definitiva, y cuyo gravamen no pueda repararse, sino por apelaci√≥n de la definitiva, o que la causa se haya retardado por el juez m√°s de dos a√Īos 952 .

981. Si la excepción mira a la omisión de algunas solemnidades en el juicio, no hay motivo para que el juez le haga gran caso; pues le es lícito, en virtud de las tantas veces mencionada Instrucción de la Congregación de Obispos y Regulares, omitir aquellas infinitas solemnidades de un juicio, que no llegan a la íntima naturaleza de éste; y atienda a las palabras del Cap. 2 de verborum significatione en las Clementinas.

982. En todo proceso, criminal o civil, ocupa el principal lugar la prueba, que da a conocer al juez la verdad del asunto que se discute. Sin conocer la verdad, claro es que no puede pronunciar sentencia. A este fin, hace ya tiempo que está admitido que los litigantes se propongan el uno al otro posiciones, o sea artículos que miran a hechos particulares, de que depende la solución de toda la causa, o su parte principal. Las posiciones deben referirse al negocio, y ser claras y perspicuas, no dudosas u oscuras, ni capciosas; positivas o asertivas, no interrogativas; mirar al hecho, y no al derecho. El efecto de las posiciones es, que determinadas por el proponente, el otro comprende lo que él debe probar y lo que está ya probado. La ventaja del proponente es que el contrario está obligado a responder; y si confesare, se le urgirá con su propio testimonio, como cosa bastante cierta y probada; si mandándosele responder, se apartare del juicio, se le juzgará convicto por su propia conciencia.

983. Por tanto, el juez, despu√©s del examen del acusado, cuando tanto el reo, como el promotor fiscal, puedan ya entender cuales son los hechos que importan para la decisi√≥n de la causa, los invitar√° a redactar las posiciones, y les fijar√° un plazo conveniente para presentarlas. El juez las admite o desecha, seg√ļn lo exige el asunto, y despu√©s manda que la otra parte absuelva las posiciones. O√≠das las respuestas, el contrario se√Īala cu√°les ha de probar.

984. La materia sujeta a prueba, circunscrita de esta manera, el juez se√Īala a las partes un plazo conveniente para dicha prueba.

985. Siendo muchos los g√©neros de pruebas, hay que advertir que los documentos escritos, por ejemplo, una escritura u otros instrumentos p√ļblicos, no tienen valor inmediatamente, sino hasta que se han hecho judiciales; aun m√°s, los testimonios escritos por los testigos, sin que est√©n presentes el juez y el otro litigante, no prueban nada.

986. En cuanto a los testigos que hay que examinar en el juicio, el juez los sujeta a un interrogatorio, que regularmente saca de los artículos propuestos por el que presenta los testigos. Y como los artículos son conocidos de los litigantes, y por consiguiente, los testigos al presentarse a examen generalmente los conocen, el juez formulará de tal manera su interrogatorio, que el testigo, aunque sea parcial y haya premeditado sus respuestas, no obstante, viéndose arrastrado por las preguntas que se hacen, a donde nunca pensaba llegar, no se atreva a faltar a la verdad. Por esta razón se ha mandado que el interrogatorio no se manifieste con anticipación: el juez lo dictará al secretario de tal modo, que el testigo ignore completamente la pregunta que sigue, hasta que haya respondido a la que antecede.

987. Expirado el t√©rmino de las pruebas, se cierra la causa; lo cual puede hacerse expresa o t√°citamente. Y si uno u otro de los litigantes no concluye, ni expresa ni t√°citamente, el juez, habiendo concedido a los litigantes el plazo suficiente para las pruebas, y hall√°ndose bastante instruido acerca de los hechos oportunos para el descubrimiento de la verdad, o ex officio o a instancia de parte, decreta la conclusi√≥n. El principal efecto de la conclusi√≥n de una causa, es que los litigantes ya no pueden presentar nuevas pruebas, sea por testigos, sea por documentos, a menos que lo pida alg√ļn motivo justo y extraordinario.

988. La conclusión en una causa no se ha de entender con tanto rigor, que, si no ha lugar, el proceso adolezca del vicio de nulidad; pero sin necesidad, no se ha de omitir. Si faltare la conclusión en la causa, los litigantes están en su derecho para aducir nuevas pruebas y presentar testigos nuevos, después de haber visto las pruebas contrarias y las deposiciones de los testigos de la parte contraria.

989. Cerrada la causa, por derecho com√ļn los autos quedan a disposici√≥n de los contendientes, que, por s√≠ o por sus abogados, pueden responder y presentar su defensa. En las causas criminales de los cl√©rigos, la tantas veces citada Instrucci√≥n de la Congregaci√≥n de Obispos y Regulares, define minuciosamente lo que debe hacer el promotor fiscal, y el modo con que ha de portarse el juez. Observado todo esto, el juez pronunciar√° su sentencia conforme a justicia.

990. De la sentencia de primera instancia es lícito apelar; pero no de la segunda, conforme a las Letras Apostólicas de N. S. P. León XIII Trans Oceanum 953 , si es conforme con la primera; ni de la tercera, si confirma la segunda, quedando siempre a salvo la autoridad de la Silla Apostólica. En cuanto al juez a que debe acudir el apelante, obsérvense las disposiciones del mismo Sumo Pontífice, contenidas en las Letras citadas. El principal efecto de la apelación, interpuesta y proseguida dentro del legítimo plazo, es que entretanto, la sentencia no se puede ejecutar, con excepción de los casos enumerados por Benedicto XIV en la constitución Ad militantis Ecclesiae, en que no se retarda la ejecución de la sentencia 954 .

991. En las causas tocantes a la fe, y, por consiguiente, cuando se trata de la violaci√≥n de la Constituci√≥n de Benedicto XIV Sacramentum Poenitentiae todo se debe hacer con el mayor secreto. Por consiguiente, si se trata de causas de solicitaci√≥n, "todos los empleados de la curia eclesi√°stica, y todos los dem√°s que las traten, o los abogados que las defiendan, prestar√°n juramento de guardar secreto; y los mismos Obispos y dem√°s Ordinarios est√°n obligados tambi√©n al secreto, como manda el derecho 955 . Los que cumplen con el deber de denunciar, y los que son examinados en estas causas, desde el principio prestar√°n juramento de decir verdad, e inmediatamente despu√©s, de guardar secreto, tocando los Santos Evangelios, aunque sean sacerdotes" 956 . Para proceder en estas causas conforme a derecho, obs√©rvense al pie de la letra las instrucciones del Santo Oficio de 20 de Febrero de 1867 y 20 de Julio de 1890, que insertamos en el Ap√©ndice 957 . De la absoluci√≥n del c√≥mplice, debe tratarse √ļnicamente por el confesor con la Sagrada Penitenciar√≠a, la cual da las facultades necesarias y env√≠a las √≥rdenes oportunas 958 .

CAP√ćTULO IV:
De la suspensión "ex informata conscientia"

992. Sucede a menudo, que el Obispo descubre que un cl√©rigo ha delinquido gravemente, con gran da√Īo de la rep√ļblica cristiana; pero no conviene perseguir su delito siguiendo los tr√°mites descritos en el cap√≠tulo anterior, sea porque hay que guardarse de que se divulgue un crimen oculto, sea porque aquellos que lo conocen rehusan dar testimonio de √©l, si el nombre de los testigos se ha de revelar al reo.

993. Los Padres Tridentinos 959 decretaron que, en estos casos, pueda el Obispo suspender al clérigo, de sus órdenes, grados y dignidades eclesiásticas, de cualquier manera, aun extrajudicialmente, y que por consiguiente ninguna rehabilitación a las anteriores órdenes, grados y dignidades pueda favorecerle, contra la voluntad del mismo Prelado. Para proceder en negocio tan delicado, con la debida prudencia, hay que tener presentes ciertas reglas dadas por la Sagrada Congregación de Propaganda Fide el 20 de Octubre de 1884 960 , que son del tenor siguiente:

"I. La suspensión ex informata conscientia, ni más ni menos que la que se impone por sentencia judicial, prohibe a una persona eclesiástica el ejercicio de sus órdenes, grados o dignidades eclesiásticas.

II. Su principal diferencia de la suspensión judicial, consiste en que se emplea como remedio extraordinario, en castigo de un crimen cometido; y por tanto, no se requieren para imponerla formas judiciales, ni amonestaciones canónicas. Bastará, por tanto, que el Prelado que la impone se sirva de un simple precepto, en que declare, que decreta la suspensión en el ejercicio de los oficios sagrados o funciones eclesiásticas.

III. Este precepto se ha de intimar siempre por escrito, designando el d√≠a y el mes; y por tanto, tiene que hacerse por el mismo Ordinario, o por otra persona a quien √©ste d√© especial mandato. En la misma intimaci√≥n tiene que expresarse, que el castigo se impone en virtud del decreto del Tridentino (sess. 14, c. I. de reform.) ex informata conscientia, o por causas conocidas √ļnicamente del Ordinario.

IV. Deben expresarse las partes del ejercicio del orden u oficio, a las cuales se extiende la suspensi√≥n; y si es de alg√ļn oficio en que otro haya de sustituirlo, como, por ejemplo, el ec√≥nomo en un curato, entonces el substituto percibir√° sus honorarios de los frutos del beneficio, en la proporci√≥n que se tasar√° al arbitrio del Ordinario. Pero si el suspenso se considerare gravado por esta tasaci√≥n, podr√° solicitar una rebaja de la curia arzobispal o de la Sede Apost√≥lica.

V. Debe además expresarse el tiempo de la duración de la misma pena. Absténganse los Ordinarios de imponerla in perpetuum. Si, por causas mayores, juzgare el Ordinario imponerla no por tiempo determinado, sino a su beneplácito, la suspensión se considerará temporal, y por tanto cesará con la jurisdicción del Ordinario que la impone.

VI. Para la suspensión ex informata conscientia, suministra causa justa y legítima el crimen o culpa cometida por el suspenso. Pero ésta debe ser oculta, y tan grave que merezca tal castigo.

VII. Para que sea oculta se requiere, que ni haya sido denunciada en juicio, ni haya pasado a las hablillas del vulgo, ni tampoco sea conocida de tal n√ļmero o clase de personas, que deba llamarse el delito notorio.

VIII. No obstante, es válida la suspensión, si de muchos delitos alguno es conocido del vulgo; o si un crimen, que antes de la suspensión era oculto, fuere después divulgado por otros.

IX. Al prudente arbitrio de los Prelados, se deja el dar a conocer al delincuente, o callar, la causa de la suspensión, o la culpa misma será, por otra parte, un acto de pastoral solicitud y caridad, si creen manifestar su pena al suspenso, dirigirle paternales consejos, de modo que sirvan no sólo para expiación de su culpa, sino para la enmienda del delincuente, y para quitar la ocasión de pecar.

X. Recuerden los Prelados que, si contra el decreto de suspensión se promueve recurso a la Sede Apostólica, ante ésta debe probarse la culpa que lo motivó. Será, pues, prudente, que antes de imponerla se recojan las pruebas del delito, secreta y extrajudicialmente; de suerte que, por lo mismo que al aplicar el castigo se procede con plena certidumbre de la culpabilidad, si después la causa se examina ante la Sede Apostólica, las pruebas del crimen no tropiecen con aquellas dificultades, que casi siempre ocurren en estos juicios.

XI. Del decreto de suspensión ex informata conscientia no se da apelación a tribunal superior. Por tanto, si un clérigo, después de habérsele notificado la suspensión, interpusiere apelación, y con este pretexto presumiere celebrar Misa, o de cualquiera otra manera ejercer su orden solemnemente, inmediatamente cae en irregularidad.

XII. Siempre queda abierto el recurso a la Sede Apostólica; y en caso que un clérigo juzgue que se le ha impuesto esta pena, sin motivo suficiente y racional, podrá recurrir al Sumo Pontífice. Pero entretanto, queda en vigor el decreto de suspensión, mientras no sea rescindido o moderado por el Sumo Pontífice, o la Sagrada Congregación que debe juzgar del recurso.

XIII. Por lo demás, como esta pena es remedio absolutamente extraordinario, que sin formas judiciales se emplea para la expiación de los crímenes; deben tener presente los Prelados, lo que tan sabiamente encarga el Sumo Pontífice Benedicto XIV en su tratado de Synodo Dioecesana, lib. XII, c. 8, n. 6; a saber, que sería reprensible el Obispo, que declarase en su Sínodo que, en adelante, sólo en virtud de su conocimiento privado, castigará con la pena de suspensión a los clérigos que descubriere que han delinquido gravemente, aunque su delito no pueda comprobarse de un modo concluyente in foro externo, o no convenga darlo a conocer a los demás".


933

Benedictus XIV. Const. Iustitiae et pacis, 9 Octubre 1746.

934

Sess. 22. cap. 10 de ref.

935

Instructio S. C. EE. et RR. 11 Junio 1880. V. Appen. n. XLV.

936

Instruct. S. C. C. 22 Agosto 1840. V. Appen. n. XVI.

937

Bened. XIV. Const. Dei miseratione. V. Appen. n. X.

938

V. Appen. n. X; XVI.

939

V. Appen. n. LXXXI.

940

Coll. P. F. n. 1575.

941

Coll. P. F. n. 662.

942

V. Appen. n. XXX.

943

Sess. 24. cap. 1 de ref. matrim.

944

Dub. Matrim. 18 Marzo 1893. V. Appen. n. LXXVII.

945

S. Off. 6 Junio 1889. V, sub. art. 952.

946

V. Appen. n. LXXIII.

947

Cap. Testibus 2. de testib. 11. 8. in Clem.

948

V. Appen. n. XLV.

949

Acta Eccles. Mediolan. I. pag. 255.

950

V. Appen. n. LVI.

951

V. Appen. n. XLV.

952

Conc. Trid. sess. 24. c. 20 de ref.

953

V. Appen. n. XCVI.

954

V. Appen. n. XI.

955

Cap. Statuta fin. de haeret. in 6o., et cap. Multorum § Porro, de haereticis in Clementin.

956

Iustruct. S. Off. 20 Febrero 1867. V. Appen. n. XXIX.

957

V. Appen. n. LXVI.

958

Synod. Ostien. et Velitern. an. 1892, p. 2. a. 5.

959

Sess. 14 cap. 1 de ref.

960

V. Appen. n. LV.
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