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CAPÍTULO I
Del derecho que tiene la Iglesia de adquirir y poseer bienes temporales

824. La Iglesia Católica, siendo una sociedad visible y perfecta que, para sus fines propios, requiere necesariamente bienes temporales, tiene precisamente, por su naturaleza misma, el derecho legítimo de adquirirlos y poseerlos[821].

825. Este derecho que compete a la Iglesia, de adquirir y poseer bienes temporales, no se limita por su naturaleza misma y su objeto determinado, a los bienes muebles, sino que tiene que extenderse a los bienes raíces. Por tanto, violan gravemente los derechos y la libertad de la Iglesia, cuantos le niegan la facultad de adquirir y conservar bienes raíces, conforme a los sagrados Cánones.

826. Por lo que toca al modo de adquirir dominio, no es posible dudar que la Iglesia puede adquirir bienes temporales, de todas aquellas maneras no vedadas a cualquier hombre honrado y capaz de dominio. No puede, pues, prohibírsele que adquiera el dominio de bienes temporales por ocupación, accesión, prescripción o contrato. Pero en la práctica, lo que más conviene, son las liberales oblaciones de los fieles, las fundaciones piadosas, los legados y testamentos a favor de la Iglesia.

827. Como los bienes temporales adquiridos por la Iglesia, conforme a la intención de los donantes, se destinan a objetos piadosos y, en realidad y verdad, están bajo el dominio de personas sagradas, o de la Iglesia, o de Institutos religiosos, no pueden, sin sacrilegio, arrebatársele, incautarse, ni destinarse a usos profanos. Por lo cual, según el Tridentino, son castigados con la pena de excomunión mayor ipso facto incurrenda, y reservada al Romano Pontífice, los que, con sacrílega audacia, osaren usurpar, o apoderarse de los bienes de alguna Iglesia o lugar pío, o comprarlos a los detentadores[822]; de la cual no quedan libres, mientras no satisfacen a la Iglesia y reciben la absolución[823]. Pío IX confirmó esta pena en la Constitución Apostolicae Sedis.

828. Todos los bienes temporales que la Iglesia hubiere adquirido, en virtud de los títulos legítimos arriba enumerados, quedan sujetos a la suprema autoridad y tutela del Romano Pontífice, que suele llamarse el alto dominio eclesiástico. Empero, el dominio útil y directo de los bienes eclesiásticos, pertenece a aquellas Iglesias particulares, o institutos, o causas, o sociedades piadosas, a quienes, en el fuero eclesiástico se han adjudicado los títulos de posesión[824]. Y si, con suma injusticia, las leyes civiles de alguna República no reconocen a esos Institutos eclesiásticos como sujetos capaces de poseer bienes temporales, tocará a los Obispos y demás Prelados competentes, después de consultar a eminentes jurisconsultos, y obtener la aprobación de la Silla Apostólica, determinar el modo con que puedan asegurarse los bienes de la Iglesia, con títulos reconocidos por la ley civil.

[821] Syllab. Pii IX, prop. 26-27.

[822] S. Off. 8 Julio 1874 (Coll. P. F. n. 1631).

[823] Conc. Trid. sess. 22. cap. 11 de ref.

[824] Conc. Prov. Neo-Granat. an. 1868, tit. 9, cap. 1.


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